Gobierno de la Comunidad de Madrid: historia de una organización criminal

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Se fue el mes de octubre de 2014 y con él la bella costumbre del escándalo de corrupción diario, escándalos que han salpicado a deportistas, empresarios, artistas y políticos en muchas sedes pero que han sido especialmente sonados en nuestra querida Comunidad de Madrid, donde un terremoto ha sacudido los cimientos del Ejecutivo Popular con epicentro en la figura de Don Francisco Granados.

Hombre de confianza de Esperanza Aguirre, integrante de la Santísima Trinidad que la lideresa, Ignacio González y él formaron durante varios años al frente de la CAM, bien secundados por otros ilustres como Juan José Güemes, Manuel Lamela, Javier Fernández Lasquetty o Lucía Figar. Valientes jinetes, adalides de esa rama del Partido Popular orientada al liberalismo que cándidamente podríamos tachar de republicano en el sentido norteamericano del término. Personas cultivadas en lo académico, correctísimas en el hablar y el vestir, magníficas en su decoro. Partidarios del libre mercado y de la desregulación, de la gestión privada en el ámbito de lo público, defensores de la meritocracia y de la excelencia. No me cabe la menor duda de que así es cómo les gustaría ser recordados.

Por desgracia para ellos y para casi todos los madrileños, la Historia comienza a desvelar qué lugar tienen reservado.

Año 2003. Tras el largo matrimonio entre Álvarez del Manzano y Gallardón, soplan vientos de cambio en la Comunidad de Madrid. Alberto, siempre ávido de gloria, quiere engrandecer la capital y llevarla al primer plano internacional, sea como sea. Por aquel entonces se trataba de uno de los políticos mejor valorados del país: se había movido como pez en el agua al frente de la Comunidad y su tibieza a la hora de celebrar los logros del gobierno estatal de Aznar le habían granjeado las simpatías de propios y extraños. Un “progre” disfrazado de popular. Arrasó a Trinidad Jiménez y se convirtió en alcalde de Madrid. Fue reelegido de manera avasalladora en 2007 y en 2011, para poco después dejarle el cargo a la mujer de Aznar y marchar hacia su particular Waterloo en la cartera de Justicia. Pero esa es otra historia.

La alcaldía está asegurada pero en la Asamblea de la Comunidad el vacío de poder es evidente. Aznar no puede permitirse perder la plaza y el baile de nombres incluye a barones y baronesas de la cúpula del PP: se habló de Rodrigo Rato, pero Aznar le necesitaba para ganar las elecciones generales y además se mascaba su llegada al FMI, llegada en la que el Gobierno de España empleó considerables recursos y que se saldó con uno de los peores mandatos al frente del FMI que se recuerdan. Pero esa también es otra historia.

Finalmente fue Doña Esperanza Aguirre, la vivaracha Presidenta del Senado, la elegida. Se comentó que su relación con Aznar no era del todo buena, pero se trataba de una política de garantías, una mujer admirada por sus allegados porque “siempre dice la verdad y nunca se calla ante nadie”. Llegó mayo y Aguirre no consiguió la mayoría absoluta.  En unas elecciones muy ajustadas, el PP se quedó a un escaño del objetivo, por lo que PSOE e IU iban a gobernar en Madrid con Rafael Simancas como presidente. Aguirre se enfrentaba a cuatro años de penurias, a la condena de liderar la oposición por un margen tan exiguo como frustrante. O no.

En un movimiento inesperado, Tamayo y Saéz, dos diputados socialistas, decidieron abandonar la disciplina del partido y pasarse al Grupo Mixto. Los motivos no se esclarecieron en la Comisión de Investigación de aquel verano, las elecciones se repitieron en octubre y, ahí sí, al más puro estilo George W. Bush en el 2000, Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta. Las evidencias de que aquellos dos diputados fueron sobornados con dinero negro del PP van saliendo a la luz, pero aún es pronto para echarse unas risas al respecto. La versión oficial sigue siendo la de que lo hicieron por “convicciones personales”, convicciones que no somos quiénes para valorar.

La camada de Aguirre se configuró, como ya hemos visto,  como un conjunto de libertarios que venían a cambiar la forma de hacer las cosas en la Comunidad, siempre en aras de la máxima prosperidad de los madrileños. Con el ejecutivo popular, la Comunidad conoció tasas de crecimiento descomunales, con una entrada de dinero sin precedentes y un estado de euforia generalizado que duró hasta bien entrado 2008. Durante ese tiempo, Aguirre presumió de que Madrid era el motor de España, referencia mundial, la economía más pujante de la Tierra. Exultante, bonificó al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y al 99% los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, rebajó al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, etc. Los réditos del mercado inmobiliario llenaban las arcas de la Comunidad y la lideresa no dudaba en rebajar la presión fiscal (de forma selectiva, eso sí) mientras inauguraba autopistas, líneas de metro, hospitales, estadios, etc.

Aguirre se acabó convirtiendo, durante la etapa postaznarista 2004-2011, en la voz más autorizada dentro del PP, una suerte de caudilla que se erigía frente al intervencionismo de Zapatero y su afán por tocar el bolsillo de los españoles, ese bolsillo que, más tarde, el Gobierno de Rajoy “se vio obligado” a saquear con la presión fiscal más alta de la historia de la democracia. Por no mencionar su firmeza ante el avance del nacionalismo catalán, ETA o la izquierda chavista y castrista. O todo lo demás junto, que para ella es lo mismo. Sobrevivió a accidentes de helicóptero, a atentados islamistas y al cáncer. En 2012, presentó su dimisión alegando motivos de salud. Algunos sospechamos que había muchas cosas detrás de sus lágrimas de cocodrilo. Se nos trató de machistas, partidistas, indecentes, etc. Una vez más, la Historia empieza a poner las cosas en su sitio.

En su “retiro”, Aguirre ha trabajado en el sector privado sin mayores problemas, ha insultado a todos los que “tomaban la calle”, ha sido multada en plena Gran Vía con huida al volante incluida y ha tenido los redaños para mantener una conversación telefónica en directo con Pablo Iglesias, algo de lo que ningún otro político español puede presumir.

En cuanto a la camada que la acompañó en el Gobierno, sus carreras no han tenido el mismo glamour pero han tenido vaivenes considerables: al imputado Granados hay que sumar el ático de Ignacio González (imperdible esta discusión en la COPE con Pedro J. Ramírez, con descalificaciones tan graves como hilarantes), la privatización selectiva de los Consejeros de Sanidad Güemes y Lamela entre 2007 y 2010 (que provocó su imputación penal en 2013 por, entre otros asuntos, favorecer la cesión de bienes públicos a empresas que les habían abonado comisiones o de las que ellos mismos formaban parte como consejeros),  continuada hasta 2014 por Fernández Lasquetty (quien tuvo que dimitir tras la presión del colectivo de sanidad madrileño) o los desmanes de Lucía Figar como Consejera de Educación (degradando la educación pública hasta convertirla, con honrosas excepciones, en la esponja que se lleva al 78% del alumnado extranjero, al 70% del alumnado con necesidades especiales y al 69% del alumnado de compensatoria mientras la educación privada y la concertada se llevan un 40% del total del alumnado “ya saneado” y medran gracias a subvenciones y ayudas públicas).

El denominador común de estas políticas ha sido la supuesta búsqueda de la eficiencia y la excelencia a través de la mano libre del mercado con el fin de mejorar la prosperidad de todos los madrileños. Esto se ha traducido en un juego de sillas entre políticos y empresarios de medio pelo, capitalistas de salón y rayos UVA, tiernos compañeros de copa en reservado, hoy separados por una puerta que gira sin parar. La reforma de la política madrileña del ejecutivo popular ha consistido en casi tres legislaturas de intereses estrictamente privados: una usurpación constante del espacio público, una tomadura de pelo encaminada a garantizar el estatus de una serie de listillos de escuela de negocios que hablan de los parabienes del liberalismo cuando sólo saben moverse en los entresijos de las relaciones públicas y los favoritismos, el privilegio sistemático a una minoría de madrileños que no usan el transporte público, se pagan educación y sanidad privadas y sólo esperan del poder la tranquilidad que da saber que tu patrimonio y tu herencia está protegida por un aparato de poder afín a tus ideas (y bonificado fiscalmente). O lo que es lo mismo, la maldita élite que manda en las altas esferas españolas.

Pero lo peor no es que el espacio público de la Comunidad de Madrid se haya visto tomado y maltratado por estos individuos, ni siquiera lo son las formas con esa desidia y soberbia, la más repulsiva y cateta chulería de taberna. Lo peor es que aún ahora que su castillo se derrumba, ahora que ni siquiera la más honorable está libre de pecado, nos siguen tratando como a borregos estúpidos. Siguen pidiendo perdón, como si fuéramos sus hijos, como si hubiesen rozado el Cayenne en el garaje de su casa. Nos dicen que no saben nada, que qué alucinante, que hay que recuperar la confianza y que qué vergüenza. El colmo es cuando la lideresa aparece en Telecinco proponiendo medidas para frenar la corrupción, señalando a sus compañeros como si fueran extraños, negando toda relación con cualquier imputado, como si en lugar de haber vivido 18 años en la primera línea de la política española, presumiendo de “su partido” y de “su Comunidad” como quien presume de Rolex nuevo, hubiese estado metida en una cueva rezando rosarios. Señora Aguirre, sólo hay dos opciones: o usted es una caradura o es usted imbécil. Por mi parte no dudo de su inteligencia, así que deje de hablarnos de sus desmanes y sus delitos como si fueran chiquillerías sobre las que nadie tuviese responsabilidad alguna, como si todo fuese un juego de patio de colegio en el que todo se difumina en la confusión y el jolgorio.

B1WvbE3IEAEK33U.jpg largeHay que ser realistas: las responsabilidades penales, que pueden resultar evidentes en la calle, no lo son en los Tribunales, máxime cuando hablamos de políticos. Nuestra Justicia va lenta y tiene resquicios que no convencen a nadie. Sin responsabilidad penal, no devolverán un solo euro de todo lo que han malversado y robado; tampoco lo harían en el caso de ser condenados, pero esa es otra historia. Lo único que nos queda como castigo es el escarnio público, el ostracismo político, el dedo que les señale hasta el final de sus días. Ser considerados ladrones, jetas, sinvergüenzas, oportunistas de la peor calaña, cáncer de este país. Que la mierda salpique por fin a toda esta banda de mafiosos y criminales. A ellos, que sólo aspiraban a la gloria de sus bolsillos y los de sus allegados, lo que más les puede doler es salir del sistema por la puerta delantera abucheados y observados. Que la Historia les engulla, les expulse y se vayan por el sumidero de la nadería, la intrascendencia, la ridiculez.

Quizá a partir de 2015 podamos verlo.

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La Arena del circo español

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Hacía ya casi 4 meses que no escribía por aquí y no pensaba hacerlo en unos cuantos más, pero resulta que esta mañana, navegando en la web de El Economista, me he encontrado con unas declaraciones del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en las que asevera, haciendo referencia a los hechos del Madrid Arena del pasado día 1 de noviembre, que “las macrofiestas suponen un problema social con raíz en la estructura familiar vigente”.

Mi primera reacción ha sido de incredulidad: esto no puede ser verdad, está descontextualizado, etc. Pero no, lo dijo bien claro, y el asunto empieza a ser, con perdón, de puta coña. Van pasando los días y ya no es que parezca que no va a haber dimisiones (o, al menos, un reconocimiento público de culpa) sino que el propio Fiscal General, el gran defensor de la legalidad y el interés público en España, se pone a hablar del sexo de los ángeles y a deslizar subrepticiamente que “la culpa es de los padres”.

¿Qué está pasando en España? ¿A qué extremos de estupidez política estamos llegando? ¿Cómo pueden morir cuatro personas inocentes en un recinto donde no cabía un alfiler y que la persona que debe conducir al esclarecimiento de los hechos se ponga a decir esta clase de cosas?

La primera que debería de haber dado una explicación es la señora alcaldesa Ana Botella. Lamentablemente se fue de viaje por Lisboa y a su llegada se limitó a decir buenas palabras de su vicealcalde, proponer el fin de las macrofiestas (?) y señalar que los fallos de seguridad del Madrid Arena se basan en normativa urbanística de 2006 por lo que no se pueden aplicar al edificio ya que fue construido en 2001 (ya me explicarán qué tiene eso que ver para que no se deban organizar eventos de este tipo allí). “Todo estaba absolutamente en regla“, es decir, que la culpa nunca será de ellos, que nunca han promocionado eventos de Diviertt (la empresa organizadora). Ante todo, la verdad, como Dios manda.

Lejos del patético periodismo de sangre y entrañas que se va pregonando por ahí, algunos se preguntan por qué se hizo caso omiso al informe de 2010 procedente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en el que se señalaba la imposibilidad de vender el edificio para su explotación privada en grandes eventos por no cumplir la normativa de seguridad vigente. A cualquier dueño de discoteca se le obliga a tener las licencias en orden, ¿por qué no a la Administración? Otros se preguntan cómo una empresa con deudas con la Seguridad Social pudo establecer un contrato con la Administración pública (está prohibido por la normativa de contratos del sector público).

Y es que el asunto toma tintes esperpénticos cuando leemos las declaraciones de ayer de Paz González (delegada de urbanismo del Ayto de Madrid) en las que nos contaba que “si tuviéramos que hacer adaptaciones tendríamos que estar haciendo obras permanentemente en todos los edificios públicos y privados“, lo que “supondría tener que demoler la mitad de los edificios para adaptarlos a la nueva normativa“. La delegada habla de irretroactividad (?) de esas normas en materia de seguridad de edificios, ya que es un “principio general del Derecho” (???). Y yo me río en su cara, señora González, yo y los miles de comerciantes que hace unos años tuvieron que modificar sus locales para cumplir con la normativa anti-tabaco, por poner un ejemplo.

Todo esto me lleva a pensar en lo asfixiado que debe estar el Ayuntamiento para jugársela alquilando un espacio que no puede albergar una macrofiesta y hacerlo además violando la legalidad. O quizá es todo una cuestión de avaricia (lo único que mueve a un señor a vender más entradas de las permitidas para ganar más dinero, aunque sea a costa de poner en juego la vida de muchas personas), algún favor personal de por medio o similar, que uno ya no sabe qué pensar de esta clase de individuos. Y si así fuera, de qué nos íbamos a extrañar. Pero no, todo parece indicar que es simple y llana incompetencia, ineptitud para el cargo, falta de responsabilidades y de asunción de culpas. Llevamos muchos años gobernados por esta clase de gente y no tiene visos de que la cosa vaya a cambiar: seguiremos despertando día tras día en el circo de la corrupción y las mamandurrias. Faltaría más.

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Actualizo: una semana después dimite Pedro Calvo, concejal responsable de la empresa que gestionaba el Madrid Arena. Ahora faltan las disculpas oficiales del Ayuntamiento y depurar responsabilidades penales.

Actualizo (II): sigue saliendo mierda. Vergonzoso informe del Ayuntamiento presentado por la alcaldesa intentando escurrir culpas.

Actualizo (III): la Botella sigue soltando lastre para no hundirse en su incompetencia. Destituye al consejero delegado y al director gerente de Madrid Espacios y Congresos por “falta de confianza”.

Actualizo (IV): Lo del informe por el que se produjeron las destituciones es de traca. Se blindaba la colaboración entre Diviertt y el Ayuntamiento de Madrid. Y todavía negarán responsabilidades los señores estos. Mientras, la señora alcaldesa se permite un bufete privado en lugar de acudir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Si es que estos liberales…

Actualizo (V): el paripé vergonzoso de la comisión que investiga responsabilidades en el Ayuntamiento: el PP veta que comparezcan Botella, Cifuentes, Dancausa, Victoria y la mayoría de los funcionarios. Aquí es el sálvese quien pueda.
Y gente que entraba por las salidas de emergencia en un recinto abarrotado. Esperemos sanción económica ejemplar y una temporadita en la cárcel para los responsables.

Actualizo (VI): y son ya cinco fallecidas. Poco para lo que pudo pasar en un recinto donde se vendieron más del 158% del aforo permitido y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento (mediante el Director de Seguridad) no avisó al Samur para que montasen un dispositivo adecuado.

Actualizo (y VII): a falta de saber lo que ocurre en el juicio contra los responsables de este asunto creo que la responsabilidad acabará quedándose en Flores y secuaces y el Ayuntamiento se irá de rositas. Ya dudo de que incluso haya penas de prisión. Y es que entre tamaña marea de despropósitos no hay nadie que se salve, pero estamos en España, claro.