Gobierno de la Comunidad de Madrid: historia de una organización criminal

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Se fue el mes de octubre de 2014 y con él la bella costumbre del escándalo de corrupción diario, escándalos que han salpicado a deportistas, empresarios, artistas y políticos en muchas sedes pero que han sido especialmente sonados en nuestra querida Comunidad de Madrid, donde un terremoto ha sacudido los cimientos del Ejecutivo Popular con epicentro en la figura de Don Francisco Granados.

Hombre de confianza de Esperanza Aguirre, integrante de la Santísima Trinidad que la lideresa, Ignacio González y él formaron durante varios años al frente de la CAM, bien secundados por otros ilustres como Juan José Güemes, Manuel Lamela, Javier Fernández Lasquetty o Lucía Figar. Valientes jinetes, adalides de esa rama del Partido Popular orientada al liberalismo que cándidamente podríamos tachar de republicano en el sentido norteamericano del término. Personas cultivadas en lo académico, correctísimas en el hablar y el vestir, magníficas en su decoro. Partidarios del libre mercado y de la desregulación, de la gestión privada en el ámbito de lo público, defensores de la meritocracia y de la excelencia. No me cabe la menor duda de que así es cómo les gustaría ser recordados.

Por desgracia para ellos y para casi todos los madrileños, la Historia comienza a desvelar qué lugar tienen reservado.

Año 2003. Tras el largo matrimonio entre Álvarez del Manzano y Gallardón, soplan vientos de cambio en la Comunidad de Madrid. Alberto, siempre ávido de gloria, quiere engrandecer la capital y llevarla al primer plano internacional, sea como sea. Por aquel entonces se trataba de uno de los políticos mejor valorados del país: se había movido como pez en el agua al frente de la Comunidad y su tibieza a la hora de celebrar los logros del gobierno estatal de Aznar le habían granjeado las simpatías de propios y extraños. Un “progre” disfrazado de popular. Arrasó a Trinidad Jiménez y se convirtió en alcalde de Madrid. Fue reelegido de manera avasalladora en 2007 y en 2011, para poco después dejarle el cargo a la mujer de Aznar y marchar hacia su particular Waterloo en la cartera de Justicia. Pero esa es otra historia.

La alcaldía está asegurada pero en la Asamblea de la Comunidad el vacío de poder es evidente. Aznar no puede permitirse perder la plaza y el baile de nombres incluye a barones y baronesas de la cúpula del PP: se habló de Rodrigo Rato, pero Aznar le necesitaba para ganar las elecciones generales y además se mascaba su llegada al FMI, llegada en la que el Gobierno de España empleó considerables recursos y que se saldó con uno de los peores mandatos al frente del FMI que se recuerdan. Pero esa también es otra historia.

Finalmente fue Doña Esperanza Aguirre, la vivaracha Presidenta del Senado, la elegida. Se comentó que su relación con Aznar no era del todo buena, pero se trataba de una política de garantías, una mujer admirada por sus allegados porque “siempre dice la verdad y nunca se calla ante nadie”. Llegó mayo y Aguirre no consiguió la mayoría absoluta.  En unas elecciones muy ajustadas, el PP se quedó a un escaño del objetivo, por lo que PSOE e IU iban a gobernar en Madrid con Rafael Simancas como presidente. Aguirre se enfrentaba a cuatro años de penurias, a la condena de liderar la oposición por un margen tan exiguo como frustrante. O no.

En un movimiento inesperado, Tamayo y Saéz, dos diputados socialistas, decidieron abandonar la disciplina del partido y pasarse al Grupo Mixto. Los motivos no se esclarecieron en la Comisión de Investigación de aquel verano, las elecciones se repitieron en octubre y, ahí sí, al más puro estilo George W. Bush en el 2000, Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta. Las evidencias de que aquellos dos diputados fueron sobornados con dinero negro del PP van saliendo a la luz, pero aún es pronto para echarse unas risas al respecto. La versión oficial sigue siendo la de que lo hicieron por “convicciones personales”, convicciones que no somos quiénes para valorar.

La camada de Aguirre se configuró, como ya hemos visto,  como un conjunto de libertarios que venían a cambiar la forma de hacer las cosas en la Comunidad, siempre en aras de la máxima prosperidad de los madrileños. Con el ejecutivo popular, la Comunidad conoció tasas de crecimiento descomunales, con una entrada de dinero sin precedentes y un estado de euforia generalizado que duró hasta bien entrado 2008. Durante ese tiempo, Aguirre presumió de que Madrid era el motor de España, referencia mundial, la economía más pujante de la Tierra. Exultante, bonificó al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y al 99% los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, rebajó al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, etc. Los réditos del mercado inmobiliario llenaban las arcas de la Comunidad y la lideresa no dudaba en rebajar la presión fiscal (de forma selectiva, eso sí) mientras inauguraba autopistas, líneas de metro, hospitales, estadios, etc.

Aguirre se acabó convirtiendo, durante la etapa postaznarista 2004-2011, en la voz más autorizada dentro del PP, una suerte de caudilla que se erigía frente al intervencionismo de Zapatero y su afán por tocar el bolsillo de los españoles, ese bolsillo que, más tarde, el Gobierno de Rajoy “se vio obligado” a saquear con la presión fiscal más alta de la historia de la democracia. Por no mencionar su firmeza ante el avance del nacionalismo catalán, ETA o la izquierda chavista y castrista. O todo lo demás junto, que para ella es lo mismo. Sobrevivió a accidentes de helicóptero, a atentados islamistas y al cáncer. En 2012, presentó su dimisión alegando motivos de salud. Algunos sospechamos que había muchas cosas detrás de sus lágrimas de cocodrilo. Se nos trató de machistas, partidistas, indecentes, etc. Una vez más, la Historia empieza a poner las cosas en su sitio.

En su “retiro”, Aguirre ha trabajado en el sector privado sin mayores problemas, ha insultado a todos los que “tomaban la calle”, ha sido multada en plena Gran Vía con huida al volante incluida y ha tenido los redaños para mantener una conversación telefónica en directo con Pablo Iglesias, algo de lo que ningún otro político español puede presumir.

En cuanto a la camada que la acompañó en el Gobierno, sus carreras no han tenido el mismo glamour pero han tenido vaivenes considerables: al imputado Granados hay que sumar el ático de Ignacio González (imperdible esta discusión en la COPE con Pedro J. Ramírez, con descalificaciones tan graves como hilarantes), la privatización selectiva de los Consejeros de Sanidad Güemes y Lamela entre 2007 y 2010 (que provocó su imputación penal en 2013 por, entre otros asuntos, favorecer la cesión de bienes públicos a empresas que les habían abonado comisiones o de las que ellos mismos formaban parte como consejeros),  continuada hasta 2014 por Fernández Lasquetty (quien tuvo que dimitir tras la presión del colectivo de sanidad madrileño) o los desmanes de Lucía Figar como Consejera de Educación (degradando la educación pública hasta convertirla, con honrosas excepciones, en la esponja que se lleva al 78% del alumnado extranjero, al 70% del alumnado con necesidades especiales y al 69% del alumnado de compensatoria mientras la educación privada y la concertada se llevan un 40% del total del alumnado “ya saneado” y medran gracias a subvenciones y ayudas públicas).

El denominador común de estas políticas ha sido la supuesta búsqueda de la eficiencia y la excelencia a través de la mano libre del mercado con el fin de mejorar la prosperidad de todos los madrileños. Esto se ha traducido en un juego de sillas entre políticos y empresarios de medio pelo, capitalistas de salón y rayos UVA, tiernos compañeros de copa en reservado, hoy separados por una puerta que gira sin parar. La reforma de la política madrileña del ejecutivo popular ha consistido en casi tres legislaturas de intereses estrictamente privados: una usurpación constante del espacio público, una tomadura de pelo encaminada a garantizar el estatus de una serie de listillos de escuela de negocios que hablan de los parabienes del liberalismo cuando sólo saben moverse en los entresijos de las relaciones públicas y los favoritismos, el privilegio sistemático a una minoría de madrileños que no usan el transporte público, se pagan educación y sanidad privadas y sólo esperan del poder la tranquilidad que da saber que tu patrimonio y tu herencia está protegida por un aparato de poder afín a tus ideas (y bonificado fiscalmente). O lo que es lo mismo, la maldita élite que manda en las altas esferas españolas.

Pero lo peor no es que el espacio público de la Comunidad de Madrid se haya visto tomado y maltratado por estos individuos, ni siquiera lo son las formas con esa desidia y soberbia, la más repulsiva y cateta chulería de taberna. Lo peor es que aún ahora que su castillo se derrumba, ahora que ni siquiera la más honorable está libre de pecado, nos siguen tratando como a borregos estúpidos. Siguen pidiendo perdón, como si fuéramos sus hijos, como si hubiesen rozado el Cayenne en el garaje de su casa. Nos dicen que no saben nada, que qué alucinante, que hay que recuperar la confianza y que qué vergüenza. El colmo es cuando la lideresa aparece en Telecinco proponiendo medidas para frenar la corrupción, señalando a sus compañeros como si fueran extraños, negando toda relación con cualquier imputado, como si en lugar de haber vivido 18 años en la primera línea de la política española, presumiendo de “su partido” y de “su Comunidad” como quien presume de Rolex nuevo, hubiese estado metida en una cueva rezando rosarios. Señora Aguirre, sólo hay dos opciones: o usted es una caradura o es usted imbécil. Por mi parte no dudo de su inteligencia, así que deje de hablarnos de sus desmanes y sus delitos como si fueran chiquillerías sobre las que nadie tuviese responsabilidad alguna, como si todo fuese un juego de patio de colegio en el que todo se difumina en la confusión y el jolgorio.

B1WvbE3IEAEK33U.jpg largeHay que ser realistas: las responsabilidades penales, que pueden resultar evidentes en la calle, no lo son en los Tribunales, máxime cuando hablamos de políticos. Nuestra Justicia va lenta y tiene resquicios que no convencen a nadie. Sin responsabilidad penal, no devolverán un solo euro de todo lo que han malversado y robado; tampoco lo harían en el caso de ser condenados, pero esa es otra historia. Lo único que nos queda como castigo es el escarnio público, el ostracismo político, el dedo que les señale hasta el final de sus días. Ser considerados ladrones, jetas, sinvergüenzas, oportunistas de la peor calaña, cáncer de este país. Que la mierda salpique por fin a toda esta banda de mafiosos y criminales. A ellos, que sólo aspiraban a la gloria de sus bolsillos y los de sus allegados, lo que más les puede doler es salir del sistema por la puerta delantera abucheados y observados. Que la Historia les engulla, les expulse y se vayan por el sumidero de la nadería, la intrascendencia, la ridiculez.

Quizá a partir de 2015 podamos verlo.

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La nueva Justicia de Gallardón

Leyendo ayer que algunos siguen reclamando su particular justicia me acordé de que tenía pendiente escribir sobre uno de los más grandes atropellos que ha sufrido España en materia legislativa en los últimos meses. Esta vez la mandanga viene de la mano de Alberto “El Faraón” Gallardón, ese progresista conservador o ese conservador progresista, según sople el viento que más convenga. El asunto versa sobre las tasas judiciales que se implantaron mediante la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  El asunto trajo bastante poca cola, quizá tapado por temas también graves como el paro, los suicidios por desahucio, la prima de riesgo o el Madrid-Barça de turno, por poner algunos ejemplos.

Antes de nada, vamos con el art. 24 de la Constitución Española (esa que tanto prostituyen algunos cuando les conviene): “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión“. Cristalino, ¿no?

Pues la Ley, que es una chapuza alucinante, introduce un nuevo sistema de tasas (nada de actualización o “simple subida”, como se pudo leer en ABC o La Razón, allá por noviembre de 2012) que grosso modo grava a cualquier persona física o jurídica a la hora de intentar ejercer sus derechos, salvo que estemos en materia penal. Digo que es una chapuza por diversos motivos, empezando porque quizá debería haberse tramitado como Ley Orgánica toda vez que afecta a un derecho fundamental (art. 81 CE). Pero la cosa no se queda ahí: desde la propia definición de hecho imponible como “el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de […] actos procesales” (¿no es la potestad jurisdiccional algo exclusivo de Jueces y Magistrados, art. 117 CE? ¿cómo puede estarse gravando tal potestad cuando es posterior al devengo de la tasa, que se produce cuando se interpone una demanda o un recurso?) hasta la entrada en vigor, que hubo de ser retrasada porque no había una Orden Ministerial de Justicia que regulase el procedimiento de pago (por no haber, no había ni impresos de liquidación), todo chapucero a más no poder. En cualquier caso son “solo” deficiencias técnicas que también existen en legislaciones mucho más populares y con fines loables, como la LO 1/2004, la de la Violencia de Género, una aberración jurídica sobre la que se podría escribir una tesis doctoral. Pero vamos con la Ley en sí.

¿Cuánto se paga? Inicialmente a Gallardón se le fue la mano con el tema y era tan exagerado que se llegaba a dar el absurdo de que para recurrir una multa de la DGT por valor de 100 euros había que pagar 200 euros para pisar el Juzgado. Gracias a las protestas de asociaciones de jueces, fiscales, procuradores y abogados y a las manifestaciones de estos colectivos a lo largo y ancho del país, el ministro tuvo que dar marcha atrás y ceder un poco en sus aspiraciones iniciales, si bien el resultado sigue siendo un atropello, por hablar claro. Ilustrando:

Proceso civil ordinario por cuantía de 30.000 euros

330 euros

Reclamar la ejecución de la sentencia por cuantía de 30.000 euros

230 euros

Apelar la sentencia en 2ª instancia del proceso de 30.000 euros

830 euros

Llevar ese proceso al Tribunal Supremo

1.230 euros

Recurso de suplicación por cuantía de 20.000 euros

220 euros

Proceso monitorio por cuantía de 6.000 euros

106 euros

Reclamar una multa de tráfico de 200 euros

100 euros

Estas cuantías son para personas físicas. Si hablamos de personas jurídicas la parte variable (que es un porcentaje calculado sobre la cuantía del asunto) sube bastante. Antes de señalar que esto es bueno porque las grandes empresas tienen capacidad económica de sobra, hay que recordar a la PYME asfixiada que ahora tiene que pagar 950 euros por reclamar en 2ª instancia un impago de 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de turno (sin contar con la primera tasa que se paga en 1ª instancia). Huelga decir que Ayuntamientos y CCAA no tiene que pagar nada.

Tampoco se ha de olvidar que ciertas CCAA como Valencia y Cataluña tienen sus propias tasas judiciales, aprobadas hace bien poco, si bien el Tribunal Constitucional ya ha suspendido las de Cataluña por una cuestión de competencias.

¿A partir de qué renta hay que pagar? Pues ingresos de 1.100 euros brutos mensuales para una persona, 1.375 si se trata de una persona integrada en una familia de menos de cuatro miembros, o 1.550 si la familia tiene cuatro o más miembros. Juzguen ustedes si es mucho o poco.

¿Por qué hay que pagar? Seamos puristas y acudamos a la exposición de motivos de la propia Ley, a ver qué se cuenta el legislador:

[…] subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, […] El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia“.

No se confundan: ¡los impuestos y las costas judiciales no son pagos por el servicio de la Administración de Justicia! ¡y que nadie se queje cuando la Ley obligue a llevar abogado y procurador! Más torticeros no pueden ser. Y lo mejor está por venir:

La reciente sentencia del TC no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella. Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita“.

Es decir, que aquellos que pagan las tasas lo hacen para mejorar la financiación del sistema judicial (ojo, que no hablan de mejorar la calidad del servicio) y, sobre todo, para pagarles la justicia a los que no pueden. Si al final todo es redistribuir la riqueza y fomentar la solidaridad, faltaría más. Es increíble, y algo perverso, que sostengan que para que la asistencia jurídica gratuita subsista haya que pagar si ganas más de 1.100 euros al mes.

Pero lo mejor de toda esta argumentación es que esa sentencia del TC que citan como justificación, esa que “ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas“, NO confirma cualquier régimen de tasas sino que solo hace referencia a entidades mercantiles que por su alto volumen de facturación pueden afrontar el pago del coste de la justicia. Es más, el propio TC, siguiendo su línea jurisprudencial (SSTC 79/2012, en la 85/2012, de 18 de abril, en la cuestión de inconstitucionalidad 1584/2005 así como en las 103 y 104/2012, de 9 y de 10 de mayo, respectivamente) que dicho sea de paso, es la misma que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que un sistema de tasas que impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables es inconstitucional por ser incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.  Esto lo dice el TC y el TEDH, no me lo invento yo.

¿Y qué dicen los que la han propuesto y aprobado en contra de todos los grupos de la oposición?

Link

El Ministerio de Justicia ya apuntó en su día que “la normativa solo iba a afectar al 20% de los litigios” y que “el 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”. Supuestamente estos datos salen del Consejo General del Poder Judicial. Lo de aludir a que se excluyen los procesos penales en plan “no, si os hacemos un favor” se califica por sí solo.

Y es que todo el mundo sabe que en España hay un considerable exceso de pleitos ya que nos encanta discutir y gastar tiempo y dinero en los Juzgados. Para evitar eso y afrontar la Gran Reforma de la Justicia Española lo mejor es freír a la gente a impuestos, limitar el Estado de Derecho y que pleitee quien tenga un verdadero motivo para ello: los que puedan permitírselo.

Es un hecho innegable que la Justicia española necesita de reformas profundas y urgentes. Es lenta y encima, con esta reforma, es mucho más cara. Todo pasa por dedicar más recursos sin que para ello se dificulte el acceso a los Juzgados y Tribunales: no es normal que el Ayuntamiento de Madrid se gaste más dinero en soterrar la M-30 que lo que emplea España en un año para Justicia. Y como este hay muchísimos ejemplos. Los señores del Gobierno podrían haber apostado por un pago de tasas ligado a la temporalidad de los procesos, es decir, que el que pleitea recupere el pago de su tasa si el procedimiento se alarga por encima de un umbral de X meses. Ya que quieren convertir la Justicia en una empresa por lo menos que trabaje bien y sea eficiente, ¿no? ¿o es que hay que pagar como idiotas por el mismo servicio por el que no pagábamos antes?

Quiero pensar que detrás de las buenas palabras y los eufemismos de El Faraón no hay más que puro afán recaudatorio de un señor que ya demostró a los madrileños saber sacar dinero sin problemas de sus bolsillos. Quiero pensar que no se trata de una restricción consciente y alevosa de los derechos de la gente, de una medida disuasoria para hacer que los ciudadanos no protesten cuando la Administración multe, cuando una empresa despida sin pagar lo que debe o cuando alguien sea estafado al comprarse un frigorífico en un hipermercado. Quiero pensar, en suma y a riesgo de parecer un ingenuo, que no se trata de un paso más del poder político y económico para constreñir a la gente a cerrar la boca, agachar la cabeza y asentir, dejándoles sin voz y sin más alternativas que tirar para adelante o montar una barricada y tirar la primera piedra.

When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty” (Thomas Jefferson)