Gobierno de la Comunidad de Madrid: historia de una organización criminal

B0_obWAIgAAORqF.jpg large

Se fue el mes de octubre de 2014 y con él la bella costumbre del escándalo de corrupción diario, escándalos que han salpicado a deportistas, empresarios, artistas y políticos en muchas sedes pero que han sido especialmente sonados en nuestra querida Comunidad de Madrid, donde un terremoto ha sacudido los cimientos del Ejecutivo Popular con epicentro en la figura de Don Francisco Granados.

Hombre de confianza de Esperanza Aguirre, integrante de la Santísima Trinidad que la lideresa, Ignacio González y él formaron durante varios años al frente de la CAM, bien secundados por otros ilustres como Juan José Güemes, Manuel Lamela, Javier Fernández Lasquetty o Lucía Figar. Valientes jinetes, adalides de esa rama del Partido Popular orientada al liberalismo que cándidamente podríamos tachar de republicano en el sentido norteamericano del término. Personas cultivadas en lo académico, correctísimas en el hablar y el vestir, magníficas en su decoro. Partidarios del libre mercado y de la desregulación, de la gestión privada en el ámbito de lo público, defensores de la meritocracia y de la excelencia. No me cabe la menor duda de que así es cómo les gustaría ser recordados.

Por desgracia para ellos y para casi todos los madrileños, la Historia comienza a desvelar qué lugar tienen reservado.

Año 2003. Tras el largo matrimonio entre Álvarez del Manzano y Gallardón, soplan vientos de cambio en la Comunidad de Madrid. Alberto, siempre ávido de gloria, quiere engrandecer la capital y llevarla al primer plano internacional, sea como sea. Por aquel entonces se trataba de uno de los políticos mejor valorados del país: se había movido como pez en el agua al frente de la Comunidad y su tibieza a la hora de celebrar los logros del gobierno estatal de Aznar le habían granjeado las simpatías de propios y extraños. Un “progre” disfrazado de popular. Arrasó a Trinidad Jiménez y se convirtió en alcalde de Madrid. Fue reelegido de manera avasalladora en 2007 y en 2011, para poco después dejarle el cargo a la mujer de Aznar y marchar hacia su particular Waterloo en la cartera de Justicia. Pero esa es otra historia.

La alcaldía está asegurada pero en la Asamblea de la Comunidad el vacío de poder es evidente. Aznar no puede permitirse perder la plaza y el baile de nombres incluye a barones y baronesas de la cúpula del PP: se habló de Rodrigo Rato, pero Aznar le necesitaba para ganar las elecciones generales y además se mascaba su llegada al FMI, llegada en la que el Gobierno de España empleó considerables recursos y que se saldó con uno de los peores mandatos al frente del FMI que se recuerdan. Pero esa también es otra historia.

Finalmente fue Doña Esperanza Aguirre, la vivaracha Presidenta del Senado, la elegida. Se comentó que su relación con Aznar no era del todo buena, pero se trataba de una política de garantías, una mujer admirada por sus allegados porque “siempre dice la verdad y nunca se calla ante nadie”. Llegó mayo y Aguirre no consiguió la mayoría absoluta.  En unas elecciones muy ajustadas, el PP se quedó a un escaño del objetivo, por lo que PSOE e IU iban a gobernar en Madrid con Rafael Simancas como presidente. Aguirre se enfrentaba a cuatro años de penurias, a la condena de liderar la oposición por un margen tan exiguo como frustrante. O no.

En un movimiento inesperado, Tamayo y Saéz, dos diputados socialistas, decidieron abandonar la disciplina del partido y pasarse al Grupo Mixto. Los motivos no se esclarecieron en la Comisión de Investigación de aquel verano, las elecciones se repitieron en octubre y, ahí sí, al más puro estilo George W. Bush en el 2000, Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta. Las evidencias de que aquellos dos diputados fueron sobornados con dinero negro del PP van saliendo a la luz, pero aún es pronto para echarse unas risas al respecto. La versión oficial sigue siendo la de que lo hicieron por “convicciones personales”, convicciones que no somos quiénes para valorar.

La camada de Aguirre se configuró, como ya hemos visto,  como un conjunto de libertarios que venían a cambiar la forma de hacer las cosas en la Comunidad, siempre en aras de la máxima prosperidad de los madrileños. Con el ejecutivo popular, la Comunidad conoció tasas de crecimiento descomunales, con una entrada de dinero sin precedentes y un estado de euforia generalizado que duró hasta bien entrado 2008. Durante ese tiempo, Aguirre presumió de que Madrid era el motor de España, referencia mundial, la economía más pujante de la Tierra. Exultante, bonificó al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y al 99% los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, rebajó al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, etc. Los réditos del mercado inmobiliario llenaban las arcas de la Comunidad y la lideresa no dudaba en rebajar la presión fiscal (de forma selectiva, eso sí) mientras inauguraba autopistas, líneas de metro, hospitales, estadios, etc.

Aguirre se acabó convirtiendo, durante la etapa postaznarista 2004-2011, en la voz más autorizada dentro del PP, una suerte de caudilla que se erigía frente al intervencionismo de Zapatero y su afán por tocar el bolsillo de los españoles, ese bolsillo que, más tarde, el Gobierno de Rajoy “se vio obligado” a saquear con la presión fiscal más alta de la historia de la democracia. Por no mencionar su firmeza ante el avance del nacionalismo catalán, ETA o la izquierda chavista y castrista. O todo lo demás junto, que para ella es lo mismo. Sobrevivió a accidentes de helicóptero, a atentados islamistas y al cáncer. En 2012, presentó su dimisión alegando motivos de salud. Algunos sospechamos que había muchas cosas detrás de sus lágrimas de cocodrilo. Se nos trató de machistas, partidistas, indecentes, etc. Una vez más, la Historia empieza a poner las cosas en su sitio.

En su “retiro”, Aguirre ha trabajado en el sector privado sin mayores problemas, ha insultado a todos los que “tomaban la calle”, ha sido multada en plena Gran Vía con huida al volante incluida y ha tenido los redaños para mantener una conversación telefónica en directo con Pablo Iglesias, algo de lo que ningún otro político español puede presumir.

En cuanto a la camada que la acompañó en el Gobierno, sus carreras no han tenido el mismo glamour pero han tenido vaivenes considerables: al imputado Granados hay que sumar el ático de Ignacio González (imperdible esta discusión en la COPE con Pedro J. Ramírez, con descalificaciones tan graves como hilarantes), la privatización selectiva de los Consejeros de Sanidad Güemes y Lamela entre 2007 y 2010 (que provocó su imputación penal en 2013 por, entre otros asuntos, favorecer la cesión de bienes públicos a empresas que les habían abonado comisiones o de las que ellos mismos formaban parte como consejeros),  continuada hasta 2014 por Fernández Lasquetty (quien tuvo que dimitir tras la presión del colectivo de sanidad madrileño) o los desmanes de Lucía Figar como Consejera de Educación (degradando la educación pública hasta convertirla, con honrosas excepciones, en la esponja que se lleva al 78% del alumnado extranjero, al 70% del alumnado con necesidades especiales y al 69% del alumnado de compensatoria mientras la educación privada y la concertada se llevan un 40% del total del alumnado “ya saneado” y medran gracias a subvenciones y ayudas públicas).

El denominador común de estas políticas ha sido la supuesta búsqueda de la eficiencia y la excelencia a través de la mano libre del mercado con el fin de mejorar la prosperidad de todos los madrileños. Esto se ha traducido en un juego de sillas entre políticos y empresarios de medio pelo, capitalistas de salón y rayos UVA, tiernos compañeros de copa en reservado, hoy separados por una puerta que gira sin parar. La reforma de la política madrileña del ejecutivo popular ha consistido en casi tres legislaturas de intereses estrictamente privados: una usurpación constante del espacio público, una tomadura de pelo encaminada a garantizar el estatus de una serie de listillos de escuela de negocios que hablan de los parabienes del liberalismo cuando sólo saben moverse en los entresijos de las relaciones públicas y los favoritismos, el privilegio sistemático a una minoría de madrileños que no usan el transporte público, se pagan educación y sanidad privadas y sólo esperan del poder la tranquilidad que da saber que tu patrimonio y tu herencia está protegida por un aparato de poder afín a tus ideas (y bonificado fiscalmente). O lo que es lo mismo, la maldita élite que manda en las altas esferas españolas.

Pero lo peor no es que el espacio público de la Comunidad de Madrid se haya visto tomado y maltratado por estos individuos, ni siquiera lo son las formas con esa desidia y soberbia, la más repulsiva y cateta chulería de taberna. Lo peor es que aún ahora que su castillo se derrumba, ahora que ni siquiera la más honorable está libre de pecado, nos siguen tratando como a borregos estúpidos. Siguen pidiendo perdón, como si fuéramos sus hijos, como si hubiesen rozado el Cayenne en el garaje de su casa. Nos dicen que no saben nada, que qué alucinante, que hay que recuperar la confianza y que qué vergüenza. El colmo es cuando la lideresa aparece en Telecinco proponiendo medidas para frenar la corrupción, señalando a sus compañeros como si fueran extraños, negando toda relación con cualquier imputado, como si en lugar de haber vivido 18 años en la primera línea de la política española, presumiendo de “su partido” y de “su Comunidad” como quien presume de Rolex nuevo, hubiese estado metida en una cueva rezando rosarios. Señora Aguirre, sólo hay dos opciones: o usted es una caradura o es usted imbécil. Por mi parte no dudo de su inteligencia, así que deje de hablarnos de sus desmanes y sus delitos como si fueran chiquillerías sobre las que nadie tuviese responsabilidad alguna, como si todo fuese un juego de patio de colegio en el que todo se difumina en la confusión y el jolgorio.

B1WvbE3IEAEK33U.jpg largeHay que ser realistas: las responsabilidades penales, que pueden resultar evidentes en la calle, no lo son en los Tribunales, máxime cuando hablamos de políticos. Nuestra Justicia va lenta y tiene resquicios que no convencen a nadie. Sin responsabilidad penal, no devolverán un solo euro de todo lo que han malversado y robado; tampoco lo harían en el caso de ser condenados, pero esa es otra historia. Lo único que nos queda como castigo es el escarnio público, el ostracismo político, el dedo que les señale hasta el final de sus días. Ser considerados ladrones, jetas, sinvergüenzas, oportunistas de la peor calaña, cáncer de este país. Que la mierda salpique por fin a toda esta banda de mafiosos y criminales. A ellos, que sólo aspiraban a la gloria de sus bolsillos y los de sus allegados, lo que más les puede doler es salir del sistema por la puerta delantera abucheados y observados. Que la Historia les engulla, les expulse y se vayan por el sumidero de la nadería, la intrascendencia, la ridiculez.

Quizá a partir de 2015 podamos verlo.

B0-ecZ6CAAEINVh

 

Laxitud penal

Nos hemos despertado muchos hoy, entre bajadas de rating y el proceso de negociación-paz-derrota-rendición de ETA (que para todos los gustos y colores lo tenemos ahora que llegan las rebajas del 20N), con la noticia de que a Esperanza Aguirre le han entrado dos personajes en las dependencias de su casa (sin allanar la residencia) esta pasada madrugada.

La cosa no tiene mucha historia, los gamberros irían algo borrachos (venían del Santiago Bernabeu, donde anoche hubo partido de Liga de Campeones) y debieron pensar que resultaría gracioso romper el candado de la puerta de la señora Presidenta. Les caza la Guardia Civil, les cachean (encontrándoles los típicos elementos con los que uno acude a ver el fútbol, esto es: móviles, entradas y bufanda del Madrid) y, tras levantar atestado para remitirlo al órgano judicial competente, les dejan marchar a sus casas. Una simple falta, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo, que derivará en la multa que estime oportuna el Juez y en una acción civil por los daños que haya sufrido la puerta.

La noticia llega hoy cuando Aguirre, en uno de esos momentos estelares que tiene de vez en cuando, dice que qué vergüenza, que qué inseguridad, que les cogen y no prestan declaración (?), que no les detienen (??), y que si estas cosas le pasan a ella no sabe qué le podrá ocurrir a un ciudadano corriente (???). La Presidenta ha denunciado por allanamiento (cosa completamente legítima, un deber ciudadano de hecho), pero el discurso es una salida del tiesto con los dos pies.

Es una salida del tiesto porque la Presidenta sabe perfectamente, como abogada que es, que el procedimiento habitual es el que se ha aplicado, que no se trata de un delito sino de una falta y que esas personas están identificadas y serán requeridas si así lo decide el Juez.  Y, sin embargo, Aguirre, manipuladora e inteligente como pocas, aprovecha la coyuntura para dejar el recadito a la Delegada del Gobierno de la CAM (“Deben de ser dos indignados de los que protege la delegada del Gobierno en Madrid”), y al PSOE en general (“si el incidente hubiera ocurrido en casa del señor Alfredo Pérez Rubalcaba, los dos individuos sí habrían sido interrogados”), como partido gobernante responsable de la Justicia. El ciudadano corriente, ya ni siquiera el de perfil educativo bajo, se queda con las palabras “les cogen y no les interrogan ni les detienen”, que sirven para avivar ese debate estéril acerca de la supuesta laxitud de las leyes penales españolas, competencia exclusiva del Estado. Una jugada algo burda para el ojo crítico, pero muy efectiva.

España encabeza la lista de países de la UE con mayor tasa de reclusión cuando al mismo tiempo es uno de los países con menor índice de criminalidad, por lo que nuestro sistema no puede ser tan laxo como se denuncia desde cierto sector de la sociedad. Cierto es que para el cálculo del índice de criminalidad se tienen en cuenta aquellos delitos de los que se tiene conocimiento (estoy seguro de que si en España la gente denunciase más escalaríamos bastantes puestos), pero estamos muy por encima de países como Francia, Italia o Alemania en número de presos por cada 100.000 habitantes.

En una sociedad tan convulsa y tendente a la acusación como la nuestra (herencia fundamental de cierta institución que juzgó y condenó durante 350 años en España), el Derecho Penal se usa frecuentemente como Espada de Damocles que debe funcionar de forma inapelable bajo cualquier supuesto. Los políticos lo saben y alcanzan niveles de demagogia simplemente repugnantes en muchos casos, rojos y azules. Sí, son esos políticos que piden mayor seguridad al adversario cuando luego siguen sin dotar de más presupuesto a la Justicia o utilizan a los Fiscales y al Tribunal Constitucional a su antojo.

Señoras y señores: nuestro Código Penal es suficientemente duro, y nuestras leyes de enjuiciamiento son razonablemente buenas. Sí, la Justicia comete errores, pero muchos de ellos son disculpables debido a la ingente carga de trabajo que soporta cada Juzgado. Con más recursos, otro gallo nos cantaría.

Desmontando falacias en educación

El tema de moda en todas las tertulias, ya sean en la radio o en la tasca, es la educación pública. Ya hice referencia hace unos días al porqué de este protagonismo: los recortes de la CAM. Y de aquellos barros vienen estos lodos. En esta entrada solo quiero criticar desde mi humilde punto de vista (que como todo punto de vista subjetivo no es la verdad absoluta, ni pretende serlo) algunas de las declaraciones que he venido leyendo/escuchando estos días.

1) Es una huelga política promovida por la izquierda. En España hemos llegado al extremo de que cualquier huelga tiene, para el votante del PP, un tinte “marxista, progresista, revolucionario”. Vamos a recordar una vez más que el derecho a la huelga está recogido en el art. 28.2 de la Constitución. En ese artículo no se establece ningún criterio político para hacer la huelga, simplemente se reconoce ese derecho. Bien es cierto que los sindicatos han tenido una actuación vergonzosa en los últimos años y que su discurso y sus maneras tienen que cambiar, pero afirmar que el 60-70% de los profesores de la pública son de izquierdas por el hecho de querer defender su trabajo y la manera de realizarlo me parece partidista y un tanto radical.

2) El profesor de la privada y de la concertada cobra menos y trabaja más. Es cierto que cobran menos, nadie lo niega. También es cierto que la diferencia salarial se redujo el año pasado con el recorte del Gobierno (entre un 5% y un 10%) y que se reducirá aún más con los recortes que vienen. Tampoco olvidemos que tienen el sueldo congelado. Lo de que trabajan más por el hecho de que imparten 25 horas lectivas frente a las 18 de los profesores de la pública es una chorrada, con perdón. Yo he sido alumno en la concertada y puedo afirmar que muchos profesores terminaban sus clases y se iban a su casa, nada de calentar silla en el centro o estar disponibles para desdoblamientos o para algún tipo de plan de apoyo. Respecto al total de horas semanales del profesor de la pública, vuelvo a remitirme al señor Alberto Noguera que lo explica alto y claro. Para los paranoicos de la derecha, este señor tiene una independencia bastante contrastada y dudo muchísimo que sea votante del PSOE.

Si los profesores de la concertada están descontentos con su sueldo que pidan el mismo tipo de oposición que la de los profesores públicos, que hagan las mismas horas en el centro y después hablamos. Tienen los cauces legales pertinentes para pedirlo y tienen su derecho a la huelga. Ah no, espera, que éstos son “profesores decentes, cívicos y solidarios”.

3) La enseñanza pública es una mierda, los resultados así lo atestiguan. De las cuatro falacias que vengo a desmontar, ésta es la mayor de todas. Los que afirman esto suelen basarse en notas medias, relacionando el valor de éstas con la calidad y el desempeño de la docencia. No niego que exista una relación directa entre las dos variables, porque es obvio que existe, pero también confluyen muchos más factores que explican esa diferencia en las notas. Por citar algunos de esos factores:

– nivel de ingresos de los padres

– nivel educativo de los padres

– instalaciones y recursos de los centros (más dinero, más recursos)

– número de alumnos por aula (que no para de crecer en la pública)

– nacionalidad del alumno (problemas de integración lingüística y/o social, nivel muy bajo en las materias, etc)

– número de centros (a más centros, más dispersión de notas)

Teniendo en cuenta estos factores sí que se explica (siempre de forma incompleta, que es estadística al fin y al cabo) la diferencia de notas y de resultados entre la enseñanza pública y la privada-concertada. Habría que incluir otros factores menos constatables pero igual de importantes como el proceso de selección del alumnado en la privada-concertada (entrevistas, posibilidad de rechazar a un alumno si presenta problemas de integración) o la curiosa tendencia de ciertos colegios a inflar la nota en los exámenes finales.

4) Las huelgas sólo se realizan en autonomías gobernadas por el PP.  Hasta ahora ha habido huelgas o protestas en Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Cataluña. En las tres primeras gobierna el PP, en las dos siguientes no. También parece lógico pensar que haya protestas en las Comunidades donde hay recortes, ¿no? Aquí tenemos los de la señora Cospedal y aquí los de Feijoó.

Todo vale para difamar y poner a la gente en contra del profesorado, auténticos demonios responsables del caos fiscal en España, insolidarios y egoístas como pocos. Qué curioso que la CAM quiera ahorrar 80 millones de euros en la pública (echando a 2.500 o 3.000 interinos a la calle, algo que muchos obvian), pero al mismo tiempo se aumentan las subvenciones a la privada (90 millones de “gasto”) y se dan ayudas de 350 euros por grupo y por hora semanal para actividades extraescolares a la concertada. Ya se va viendo hacia donde fluyen los ríos. Pintan bastos para la enseñanza pública.

*Imagen de Javier Barbancho, El Mundo.

Reforma en la educación, o la cruzada de Aguirre

“Volver a empezar”, que decía el anuncio de El Corte Inglés. Llega septiembre, llega el curso 2011/2012, y las cosas vienen muy revueltas en la Comunidad de Madrid, el reino de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Nuestra particular Dama de Hierro se ha convertido en uno de los mayores exponentes del mantra de moda: “lo público es malo, es caro y es ineficiente”. Bajo esta doctrina (que se escucha en universidades, restaurantes, bares y tabernas) Espe ha subido un 50% el precio del billete de transporte público, pretende privatizar la mitad del Canal de Isabel II (con toda una serie de empresas trincando en el proceso a costa del agua de los madrileños) y se ha lanzado a por la educación pública de la Comunidad. La sanidad, hasta nueva orden (o 20N), se queda universal y gratuita.

La reforma de la educación secundaria va encaminada a recortar 80 millones de euros de “gasto” público, dice la Presidenta en una de las más de 21.000 cartas que fueron enviadas a principios de septiembre al profesorado madrileño. Consiste, básicamente, en un aumento de dos horas lectivas por semana y en el despido de entre 2.500 y 3.200 profesores interinos. Aquí quiero puntualizar dos cosas:

1) Es curioso comprobar como nadie habla de “inversión pública” o “inversión del Estado” a la hora de hablar de sanidad o educación. Siempre se trata de “gasto social”, como si el Estado tuviese cosas mejores que hacer con el dinero de los impuestos de los españoles que gastarlos en cuidar su salud o en proporcionar a cualquier persona una formación que le permita vivir con dignidad en el futuro. Quizá es porque suena mejor “hay que recortar en educación porque estamos gastando demasiado” frente a “hay que recortar en educación porque estamos invirtiendo demasiado en la formación de ciudadanos”.

2) Llama poderosamente la atención que cuando Telefónica saca un ERE cargándose a 6.000 trabajadores todos levantan la voz y exigen explicaciones, pero cuando son el Ministerio de Educación y la Consejería de la CAM quienes dejan a 3.000 profesores en la calle todos miran hacia otro lado. “Ya hay muchos interinos”, “tenemos demasiados funcionarios en España”, etc.

“Los profesores son quienes mejor viven, tienen más vacaciones que nadie”, “muchos se van cubriendo en las plazas públicas y no hacen nada”, “no enseñan con entusiasmo, así va el país”. Que levante la mano quien no haya escuchado estos días este tipo de cosas. Si es que hasta Espe dijo que los profesores tenían que hacer un esfuerzo, que 20 horas era mucho menos de lo que trabajaba cualquier madrileño. Seis días después salía con un “el que tiene boca se equivoca”. Seré un malpensado pero, ¿seis días para rectificar? Quizá se trataba de poner a la masa en pie de guerra contra los profesores. “Tú difama, que algo queda”.

Volviendo al tema. 80 millones de ¿ahorro? para compensar los 90 millones de ayudas a las familias que lleven a sus retoños a colegios privados, ayudas que recibe gente con ingresos anuales de 90.000 euros. ¿Son estas las “partidas esenciales para mantener la calidad de la enseñanza” de las que habla Aguirre en su carta? A mí que me lo expliquen, porque ese dinero es de todos y me gustaría saber adónde se va. Quizá a los más de 111 millones de euros en promociones y campañas publicitarias de la Comunidad. Autobombo que no falte, 620 millones en tres años.

Aumentar dos clases por semana a cada profesor y recortar plantilla desemboca necesariamente en un deterioro de la calidad de la enseñanza. Se impide atender al alumno con más retraso, al desfavorecido (alumno de compensatoria), se impide dividir las clases en grupos más pequeños para mejorar la dinámica y favorecer una mejor enseñanza, incluso se impide el mantenimiento de bibliotecas. Por no hablar de los planes educativos de mejora en educación en los que se invirtió dinero y tiempo para adecuarnos al sistema educativo europeo (Plan de Bibliotecas, equipos extraescolares, dinamización lingüística, etc.). Si quieren eso, que vayan a la privada que para eso están las subvenciones. Por otro lado, al profesor se le carga con dos clases más, que tiene que preparar, evaluar, etc. No son solo dos horas más a la semana (lo explica claro como el agua Alberto Noguera en su blog) pero aquí eso no importa. “Ganan mucho, tienen muchas vacaciones, que se fastidien y trabajen”. Si tratamos así a los responsables de la formación de más de 610.000 210.000 estudiantes en la CAM, apaga y vámonos.

Total, que los profesores se declaran en huelga (derecho fundamental consagrado en la Constitución, art. 28, para aquellos que gustan de llamar “irresponsable” y “antisistema incívico” al profesorado, que los hay) y el debate está servido. El bombardeo mediático (“lo público es caro e ineficiente, hay que recortar gastos, apretarse el cinturón”, “vaya con estos profesores izquierdosos”) va encaminado a la difamación, al desprestigio y a la mayor gloria de los gobernantes. Los huelguistas, los manifestantes, los profesores, los funcionarios, son todos demonios que no quieren arrimar el hombro para sacar al país de la situación que le asfixia. Joder, ¡qué idiotas los economistas que ninguno avisó de que los desequilibrios económicos de España estaban en la educación!

Espe hablaba en abril de un “bachillerato de excelencia”. Lo que no dijo fue que quería hacer una “secundaria de mierda”. Dentro de unos meses, cuando el revuelo de septiembre esté olvidado, el deterioro de calidad que sufrirá la educación pública servirá de alimento para una nueva reforma. ¿Otra bajada de sueldos? ¿Grupos de 45-50 alumnos? ¿Copago escolar? No se sienten, que no tardarán.

P.D. Para el que tenga un estómago fuerte, que no se pierda a Lucía Figar (Consejera de Educación de la CAM) explicando en Comunión y Liberación (una asociación católica) cómo se va a privatizar la educación en España. Iglesia, fondos públicos y educación. Para mear y no echar gota, oiga.