Gobierno de la Comunidad de Madrid: historia de una organización criminal

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Se fue el mes de octubre de 2014 y con él la bella costumbre del escándalo de corrupción diario, escándalos que han salpicado a deportistas, empresarios, artistas y políticos en muchas sedes pero que han sido especialmente sonados en nuestra querida Comunidad de Madrid, donde un terremoto ha sacudido los cimientos del Ejecutivo Popular con epicentro en la figura de Don Francisco Granados.

Hombre de confianza de Esperanza Aguirre, integrante de la Santísima Trinidad que la lideresa, Ignacio González y él formaron durante varios años al frente de la CAM, bien secundados por otros ilustres como Juan José Güemes, Manuel Lamela, Javier Fernández Lasquetty o Lucía Figar. Valientes jinetes, adalides de esa rama del Partido Popular orientada al liberalismo que cándidamente podríamos tachar de republicano en el sentido norteamericano del término. Personas cultivadas en lo académico, correctísimas en el hablar y el vestir, magníficas en su decoro. Partidarios del libre mercado y de la desregulación, de la gestión privada en el ámbito de lo público, defensores de la meritocracia y de la excelencia. No me cabe la menor duda de que así es cómo les gustaría ser recordados.

Por desgracia para ellos y para casi todos los madrileños, la Historia comienza a desvelar qué lugar tienen reservado.

Año 2003. Tras el largo matrimonio entre Álvarez del Manzano y Gallardón, soplan vientos de cambio en la Comunidad de Madrid. Alberto, siempre ávido de gloria, quiere engrandecer la capital y llevarla al primer plano internacional, sea como sea. Por aquel entonces se trataba de uno de los políticos mejor valorados del país: se había movido como pez en el agua al frente de la Comunidad y su tibieza a la hora de celebrar los logros del gobierno estatal de Aznar le habían granjeado las simpatías de propios y extraños. Un “progre” disfrazado de popular. Arrasó a Trinidad Jiménez y se convirtió en alcalde de Madrid. Fue reelegido de manera avasalladora en 2007 y en 2011, para poco después dejarle el cargo a la mujer de Aznar y marchar hacia su particular Waterloo en la cartera de Justicia. Pero esa es otra historia.

La alcaldía está asegurada pero en la Asamblea de la Comunidad el vacío de poder es evidente. Aznar no puede permitirse perder la plaza y el baile de nombres incluye a barones y baronesas de la cúpula del PP: se habló de Rodrigo Rato, pero Aznar le necesitaba para ganar las elecciones generales y además se mascaba su llegada al FMI, llegada en la que el Gobierno de España empleó considerables recursos y que se saldó con uno de los peores mandatos al frente del FMI que se recuerdan. Pero esa también es otra historia.

Finalmente fue Doña Esperanza Aguirre, la vivaracha Presidenta del Senado, la elegida. Se comentó que su relación con Aznar no era del todo buena, pero se trataba de una política de garantías, una mujer admirada por sus allegados porque “siempre dice la verdad y nunca se calla ante nadie”. Llegó mayo y Aguirre no consiguió la mayoría absoluta.  En unas elecciones muy ajustadas, el PP se quedó a un escaño del objetivo, por lo que PSOE e IU iban a gobernar en Madrid con Rafael Simancas como presidente. Aguirre se enfrentaba a cuatro años de penurias, a la condena de liderar la oposición por un margen tan exiguo como frustrante. O no.

En un movimiento inesperado, Tamayo y Saéz, dos diputados socialistas, decidieron abandonar la disciplina del partido y pasarse al Grupo Mixto. Los motivos no se esclarecieron en la Comisión de Investigación de aquel verano, las elecciones se repitieron en octubre y, ahí sí, al más puro estilo George W. Bush en el 2000, Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta. Las evidencias de que aquellos dos diputados fueron sobornados con dinero negro del PP van saliendo a la luz, pero aún es pronto para echarse unas risas al respecto. La versión oficial sigue siendo la de que lo hicieron por “convicciones personales”, convicciones que no somos quiénes para valorar.

La camada de Aguirre se configuró, como ya hemos visto,  como un conjunto de libertarios que venían a cambiar la forma de hacer las cosas en la Comunidad, siempre en aras de la máxima prosperidad de los madrileños. Con el ejecutivo popular, la Comunidad conoció tasas de crecimiento descomunales, con una entrada de dinero sin precedentes y un estado de euforia generalizado que duró hasta bien entrado 2008. Durante ese tiempo, Aguirre presumió de que Madrid era el motor de España, referencia mundial, la economía más pujante de la Tierra. Exultante, bonificó al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y al 99% los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, rebajó al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, etc. Los réditos del mercado inmobiliario llenaban las arcas de la Comunidad y la lideresa no dudaba en rebajar la presión fiscal (de forma selectiva, eso sí) mientras inauguraba autopistas, líneas de metro, hospitales, estadios, etc.

Aguirre se acabó convirtiendo, durante la etapa postaznarista 2004-2011, en la voz más autorizada dentro del PP, una suerte de caudilla que se erigía frente al intervencionismo de Zapatero y su afán por tocar el bolsillo de los españoles, ese bolsillo que, más tarde, el Gobierno de Rajoy “se vio obligado” a saquear con la presión fiscal más alta de la historia de la democracia. Por no mencionar su firmeza ante el avance del nacionalismo catalán, ETA o la izquierda chavista y castrista. O todo lo demás junto, que para ella es lo mismo. Sobrevivió a accidentes de helicóptero, a atentados islamistas y al cáncer. En 2012, presentó su dimisión alegando motivos de salud. Algunos sospechamos que había muchas cosas detrás de sus lágrimas de cocodrilo. Se nos trató de machistas, partidistas, indecentes, etc. Una vez más, la Historia empieza a poner las cosas en su sitio.

En su “retiro”, Aguirre ha trabajado en el sector privado sin mayores problemas, ha insultado a todos los que “tomaban la calle”, ha sido multada en plena Gran Vía con huida al volante incluida y ha tenido los redaños para mantener una conversación telefónica en directo con Pablo Iglesias, algo de lo que ningún otro político español puede presumir.

En cuanto a la camada que la acompañó en el Gobierno, sus carreras no han tenido el mismo glamour pero han tenido vaivenes considerables: al imputado Granados hay que sumar el ático de Ignacio González (imperdible esta discusión en la COPE con Pedro J. Ramírez, con descalificaciones tan graves como hilarantes), la privatización selectiva de los Consejeros de Sanidad Güemes y Lamela entre 2007 y 2010 (que provocó su imputación penal en 2013 por, entre otros asuntos, favorecer la cesión de bienes públicos a empresas que les habían abonado comisiones o de las que ellos mismos formaban parte como consejeros),  continuada hasta 2014 por Fernández Lasquetty (quien tuvo que dimitir tras la presión del colectivo de sanidad madrileño) o los desmanes de Lucía Figar como Consejera de Educación (degradando la educación pública hasta convertirla, con honrosas excepciones, en la esponja que se lleva al 78% del alumnado extranjero, al 70% del alumnado con necesidades especiales y al 69% del alumnado de compensatoria mientras la educación privada y la concertada se llevan un 40% del total del alumnado “ya saneado” y medran gracias a subvenciones y ayudas públicas).

El denominador común de estas políticas ha sido la supuesta búsqueda de la eficiencia y la excelencia a través de la mano libre del mercado con el fin de mejorar la prosperidad de todos los madrileños. Esto se ha traducido en un juego de sillas entre políticos y empresarios de medio pelo, capitalistas de salón y rayos UVA, tiernos compañeros de copa en reservado, hoy separados por una puerta que gira sin parar. La reforma de la política madrileña del ejecutivo popular ha consistido en casi tres legislaturas de intereses estrictamente privados: una usurpación constante del espacio público, una tomadura de pelo encaminada a garantizar el estatus de una serie de listillos de escuela de negocios que hablan de los parabienes del liberalismo cuando sólo saben moverse en los entresijos de las relaciones públicas y los favoritismos, el privilegio sistemático a una minoría de madrileños que no usan el transporte público, se pagan educación y sanidad privadas y sólo esperan del poder la tranquilidad que da saber que tu patrimonio y tu herencia está protegida por un aparato de poder afín a tus ideas (y bonificado fiscalmente). O lo que es lo mismo, la maldita élite que manda en las altas esferas españolas.

Pero lo peor no es que el espacio público de la Comunidad de Madrid se haya visto tomado y maltratado por estos individuos, ni siquiera lo son las formas con esa desidia y soberbia, la más repulsiva y cateta chulería de taberna. Lo peor es que aún ahora que su castillo se derrumba, ahora que ni siquiera la más honorable está libre de pecado, nos siguen tratando como a borregos estúpidos. Siguen pidiendo perdón, como si fuéramos sus hijos, como si hubiesen rozado el Cayenne en el garaje de su casa. Nos dicen que no saben nada, que qué alucinante, que hay que recuperar la confianza y que qué vergüenza. El colmo es cuando la lideresa aparece en Telecinco proponiendo medidas para frenar la corrupción, señalando a sus compañeros como si fueran extraños, negando toda relación con cualquier imputado, como si en lugar de haber vivido 18 años en la primera línea de la política española, presumiendo de “su partido” y de “su Comunidad” como quien presume de Rolex nuevo, hubiese estado metida en una cueva rezando rosarios. Señora Aguirre, sólo hay dos opciones: o usted es una caradura o es usted imbécil. Por mi parte no dudo de su inteligencia, así que deje de hablarnos de sus desmanes y sus delitos como si fueran chiquillerías sobre las que nadie tuviese responsabilidad alguna, como si todo fuese un juego de patio de colegio en el que todo se difumina en la confusión y el jolgorio.

B1WvbE3IEAEK33U.jpg largeHay que ser realistas: las responsabilidades penales, que pueden resultar evidentes en la calle, no lo son en los Tribunales, máxime cuando hablamos de políticos. Nuestra Justicia va lenta y tiene resquicios que no convencen a nadie. Sin responsabilidad penal, no devolverán un solo euro de todo lo que han malversado y robado; tampoco lo harían en el caso de ser condenados, pero esa es otra historia. Lo único que nos queda como castigo es el escarnio público, el ostracismo político, el dedo que les señale hasta el final de sus días. Ser considerados ladrones, jetas, sinvergüenzas, oportunistas de la peor calaña, cáncer de este país. Que la mierda salpique por fin a toda esta banda de mafiosos y criminales. A ellos, que sólo aspiraban a la gloria de sus bolsillos y los de sus allegados, lo que más les puede doler es salir del sistema por la puerta delantera abucheados y observados. Que la Historia les engulla, les expulse y se vayan por el sumidero de la nadería, la intrascendencia, la ridiculez.

Quizá a partir de 2015 podamos verlo.

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Reforma en la educación, o la cruzada de Aguirre

“Volver a empezar”, que decía el anuncio de El Corte Inglés. Llega septiembre, llega el curso 2011/2012, y las cosas vienen muy revueltas en la Comunidad de Madrid, el reino de Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Nuestra particular Dama de Hierro se ha convertido en uno de los mayores exponentes del mantra de moda: “lo público es malo, es caro y es ineficiente”. Bajo esta doctrina (que se escucha en universidades, restaurantes, bares y tabernas) Espe ha subido un 50% el precio del billete de transporte público, pretende privatizar la mitad del Canal de Isabel II (con toda una serie de empresas trincando en el proceso a costa del agua de los madrileños) y se ha lanzado a por la educación pública de la Comunidad. La sanidad, hasta nueva orden (o 20N), se queda universal y gratuita.

La reforma de la educación secundaria va encaminada a recortar 80 millones de euros de “gasto” público, dice la Presidenta en una de las más de 21.000 cartas que fueron enviadas a principios de septiembre al profesorado madrileño. Consiste, básicamente, en un aumento de dos horas lectivas por semana y en el despido de entre 2.500 y 3.200 profesores interinos. Aquí quiero puntualizar dos cosas:

1) Es curioso comprobar como nadie habla de “inversión pública” o “inversión del Estado” a la hora de hablar de sanidad o educación. Siempre se trata de “gasto social”, como si el Estado tuviese cosas mejores que hacer con el dinero de los impuestos de los españoles que gastarlos en cuidar su salud o en proporcionar a cualquier persona una formación que le permita vivir con dignidad en el futuro. Quizá es porque suena mejor “hay que recortar en educación porque estamos gastando demasiado” frente a “hay que recortar en educación porque estamos invirtiendo demasiado en la formación de ciudadanos”.

2) Llama poderosamente la atención que cuando Telefónica saca un ERE cargándose a 6.000 trabajadores todos levantan la voz y exigen explicaciones, pero cuando son el Ministerio de Educación y la Consejería de la CAM quienes dejan a 3.000 profesores en la calle todos miran hacia otro lado. “Ya hay muchos interinos”, “tenemos demasiados funcionarios en España”, etc.

“Los profesores son quienes mejor viven, tienen más vacaciones que nadie”, “muchos se van cubriendo en las plazas públicas y no hacen nada”, “no enseñan con entusiasmo, así va el país”. Que levante la mano quien no haya escuchado estos días este tipo de cosas. Si es que hasta Espe dijo que los profesores tenían que hacer un esfuerzo, que 20 horas era mucho menos de lo que trabajaba cualquier madrileño. Seis días después salía con un “el que tiene boca se equivoca”. Seré un malpensado pero, ¿seis días para rectificar? Quizá se trataba de poner a la masa en pie de guerra contra los profesores. “Tú difama, que algo queda”.

Volviendo al tema. 80 millones de ¿ahorro? para compensar los 90 millones de ayudas a las familias que lleven a sus retoños a colegios privados, ayudas que recibe gente con ingresos anuales de 90.000 euros. ¿Son estas las “partidas esenciales para mantener la calidad de la enseñanza” de las que habla Aguirre en su carta? A mí que me lo expliquen, porque ese dinero es de todos y me gustaría saber adónde se va. Quizá a los más de 111 millones de euros en promociones y campañas publicitarias de la Comunidad. Autobombo que no falte, 620 millones en tres años.

Aumentar dos clases por semana a cada profesor y recortar plantilla desemboca necesariamente en un deterioro de la calidad de la enseñanza. Se impide atender al alumno con más retraso, al desfavorecido (alumno de compensatoria), se impide dividir las clases en grupos más pequeños para mejorar la dinámica y favorecer una mejor enseñanza, incluso se impide el mantenimiento de bibliotecas. Por no hablar de los planes educativos de mejora en educación en los que se invirtió dinero y tiempo para adecuarnos al sistema educativo europeo (Plan de Bibliotecas, equipos extraescolares, dinamización lingüística, etc.). Si quieren eso, que vayan a la privada que para eso están las subvenciones. Por otro lado, al profesor se le carga con dos clases más, que tiene que preparar, evaluar, etc. No son solo dos horas más a la semana (lo explica claro como el agua Alberto Noguera en su blog) pero aquí eso no importa. “Ganan mucho, tienen muchas vacaciones, que se fastidien y trabajen”. Si tratamos así a los responsables de la formación de más de 610.000 210.000 estudiantes en la CAM, apaga y vámonos.

Total, que los profesores se declaran en huelga (derecho fundamental consagrado en la Constitución, art. 28, para aquellos que gustan de llamar “irresponsable” y “antisistema incívico” al profesorado, que los hay) y el debate está servido. El bombardeo mediático (“lo público es caro e ineficiente, hay que recortar gastos, apretarse el cinturón”, “vaya con estos profesores izquierdosos”) va encaminado a la difamación, al desprestigio y a la mayor gloria de los gobernantes. Los huelguistas, los manifestantes, los profesores, los funcionarios, son todos demonios que no quieren arrimar el hombro para sacar al país de la situación que le asfixia. Joder, ¡qué idiotas los economistas que ninguno avisó de que los desequilibrios económicos de España estaban en la educación!

Espe hablaba en abril de un “bachillerato de excelencia”. Lo que no dijo fue que quería hacer una “secundaria de mierda”. Dentro de unos meses, cuando el revuelo de septiembre esté olvidado, el deterioro de calidad que sufrirá la educación pública servirá de alimento para una nueva reforma. ¿Otra bajada de sueldos? ¿Grupos de 45-50 alumnos? ¿Copago escolar? No se sienten, que no tardarán.

P.D. Para el que tenga un estómago fuerte, que no se pierda a Lucía Figar (Consejera de Educación de la CAM) explicando en Comunión y Liberación (una asociación católica) cómo se va a privatizar la educación en España. Iglesia, fondos públicos y educación. Para mear y no echar gota, oiga.