TEDH y doctrina Parot: algunas respuestas

El pasado lunes día 21 se hacía pública la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que dicho Tribunal se pronunciaba negativamente acerca de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, doctrina que instituyó (por decirlo de alguna forma) el Tribunal Constitucional español en febrero del año 2006. No voy a extenderme en hacer comentarios sobre la STC de aquel año, hay documentación de sobra por la red para el que tenga interés. Baste decir que el TC, al igual que los Gobiernos de España desde el año 1977 hasta 1995 (Gobiernos de UCD y, fundamentalmente, PSOE), hizo una auténtica chapuza convalidando al Tribunal Supremo, chapuza que ha traído estos lodos y las vestiduras rasgadas que vemos por toda la geografía nacional.

(Sentencia traducida por la Abogacía del Estado)

¿Por qué sale a la calle Inés del Río?

Imaginen que un día, por un despiste, atropellan a una madre con su bebé. Los dos resultan muertos. Ustedes son condenados a 6 años de prisión por un doble homicidio imprudente. Tras dos años en la cárcel, ustedes solicitan el tercer grado para poder ir a su casa a ver a su familia. El juez les comunica que una reciente reforma penal no les reconoce tal beneficio y que deben cumplir los 6 años íntegramente. Ustedes protestan, porque cuando les condenaron sí que tenían ese beneficio. Les han aplicado una ley nueva a un caso ocurrido hace dos años. Esto es lo que se conoce como aplicación retroactiva la cual, para disposiciones desfavorables o restrictivas de derechos fundamentales (como la libertad), está prohibida por los arts. 9.3 y 25.1 de la Constitución española, el art. 2 del Código Penal y el art. 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Inés del Río, como otros tantos etarras de los años 80, fue juzgada con arreglo al Código Penal de 1973. Este Código reconocía la redención de penas mediante trabajo, lo que hacía posible que periodos de prisión de 30 años (el máximo de aquel entonces) quedasen reducidos a poco más de 20. El Código Penal de 1995 (el vigente) cambió esta situación eliminando la posibilidad de dicha redención. En 2003 se aprobaba además la Ley Orgánica para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Con esta modificación del CP de 1995 se introducía lo que más tarde se dio en llamar “doctrina Parot”: en determinados casos, los beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de pena impuesta y no sobre la pena efectiva, lo que en la práctica provoca que aquellos criminales con delitos especialmente graves deberán cumplir el total de sus penas efectivas. Recientes condenas de este tipo han seguido esta normativa, por ejemplo, la de Jamal Zougam, autor intelectual de los crímenes del 11-M en Madrid.

Lamentablemente, estas reformas llegaron muy tarde. Todos los condenados en los años 80 lo fueron siguiendo las directrices del CP de 1973. Y ahí, como ya hemos visto, las reglas del juego eran otras.

Inés del Río fue condenada en el año 1987 a 30 años de prisión. Con la redención de penas (9 años), debería haber salido a la calle hace cinco años. Puede doler, puede molestar, puede ser considerado una injusticia, pero la ley no permitía que siguiera en prisión.

Pero no es un cambio normativo, es un cambio jurisprudencial, ¿no deberían permitirse esos cambios cuando las circunstancias se modifican?

En primer lugar, es bastante sospechoso que en más de 20 años de aplicación del antiguo Código penal nunca se negase la redención por trabajo sobre la pena efectiva. Nunca es NUNCA. En ningún caso.

En segundo lugar, es también bastante sospechoso que la doctrina cambiase justo cuando se produjo una reforma penal en 2003 que precisamente permitió ese cambio jurisprudencial. Si el cambio es puramente circunstancial, ¿por qué era necesario un cambio en las normas sustantivas?

En tercer lugar, el margen de modificación de los criterios jurisprudenciales en materia penal es limitado. No se puede modificar una jurisprudencia estable en el tiempo, hacerlo para aplicar normas penales de forma retroactiva (saltándose a la torera varias normas y desviándose completamente de lo que hacen los países de nuestro entorno político y socioeconómico) y encima provocar con ello una restricción del derecho a la libertad.

¿Qué es esto del TEDH y por qué decide sobre nuestros asuntos internos?

El TEDH es la máxima autoridad entre los países miembros del Consejo de Europa (no confundir con UE) para decidir sobre materias que atañen a los derechos humanos recogidos en el CEDH. Sus sentencias son vinculantes: se han de acatar y ejecutar. La ejecución de las sentencias del TEDH es vigilada por el Comité de Ministros y el no cumplimiento da lugar a sanciones económicas (en forma de incremento de las indemnizaciones pertinentes).

Decide sobre nuestros asuntos internos porque así lo hemos reconocido al firmar el Convenio y sus Protocolos adicionales. Además y para más inri, España reconoce la autoridad de tribunales internacionales en el art. 10.2 de la Constitución.

Teniendo en cuenta todo esto hay que tenerlas muy grandes para decir que la Sentencia no tiene por qué cumplirse. Pero muy grandes.

¿Es cierto lo que han dicho miembros del Gobierno sobre que la Sentencia sólo afecta al caso Inés del Río?

La alarma social está al máximo, así que este tipo de declaraciones van a seguir escuchándose y leyéndose hasta que pase el maremoto. Cuando todo pase solo quedará la verdad: que esta Sentencia se va a aplicar a todos los casos en los que un preso debió salir a la calle por redención de penas y ha sido mantenido en prisión mediante aplicación retroactiva del CP de 1995 reformado en 2003. Ni más ni menos.

Creo que ya hemos hecho suficientemente el ridículo actuando como un país del s. XVIII, demostrando una incapacidad flagrante para gestionar nuestros asuntos y prever lo que iba a pasar si no se reformaban las leyes en su momento. Ya es suficiente. Espero que no hagamos el paripé de exigir que el TEDH se tenga que reafirmar en sus argumentos cada vez que uno de los presos exija su excarcelación, lo espero sinceramente.

Pero esto es una injusticia, no se debería tolerar…

La justicia es un término más moral que propiamente normativo. Si no seguimos las leyes, que son iguales para todos, la frontera que nos separa del caos se disipa con una facilidad pasmosa. El odio y el resentimiento sólo pueden tener cabida en la sociedad, en las víctimas que tienen todo el derecho del mundo a quejarse y a cagarse en la madre del político de turno. A lo que no tienen derecho es a exigir que una persona continúe en prisión porque sí.

Las portadas de los diarios españoles de ayer y las opiniones vertidas por muchos periodistas y tertulianos son aberrantes y no tienen cabida en un Estado de Derecho. Justificar lo injustificable basándonos en conceptos extrajudiciales es más propio de lo que fuimos que de lo que somos. Y es que son ya más de 30 años de democracia, algo se nos debería haber quedado en la cabecita, ¿no?

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La nueva Justicia de Gallardón

Leyendo ayer que algunos siguen reclamando su particular justicia me acordé de que tenía pendiente escribir sobre uno de los más grandes atropellos que ha sufrido España en materia legislativa en los últimos meses. Esta vez la mandanga viene de la mano de Alberto “El Faraón” Gallardón, ese progresista conservador o ese conservador progresista, según sople el viento que más convenga. El asunto versa sobre las tasas judiciales que se implantaron mediante la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  El asunto trajo bastante poca cola, quizá tapado por temas también graves como el paro, los suicidios por desahucio, la prima de riesgo o el Madrid-Barça de turno, por poner algunos ejemplos.

Antes de nada, vamos con el art. 24 de la Constitución Española (esa que tanto prostituyen algunos cuando les conviene): “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión“. Cristalino, ¿no?

Pues la Ley, que es una chapuza alucinante, introduce un nuevo sistema de tasas (nada de actualización o “simple subida”, como se pudo leer en ABC o La Razón, allá por noviembre de 2012) que grosso modo grava a cualquier persona física o jurídica a la hora de intentar ejercer sus derechos, salvo que estemos en materia penal. Digo que es una chapuza por diversos motivos, empezando porque quizá debería haberse tramitado como Ley Orgánica toda vez que afecta a un derecho fundamental (art. 81 CE). Pero la cosa no se queda ahí: desde la propia definición de hecho imponible como “el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de […] actos procesales” (¿no es la potestad jurisdiccional algo exclusivo de Jueces y Magistrados, art. 117 CE? ¿cómo puede estarse gravando tal potestad cuando es posterior al devengo de la tasa, que se produce cuando se interpone una demanda o un recurso?) hasta la entrada en vigor, que hubo de ser retrasada porque no había una Orden Ministerial de Justicia que regulase el procedimiento de pago (por no haber, no había ni impresos de liquidación), todo chapucero a más no poder. En cualquier caso son “solo” deficiencias técnicas que también existen en legislaciones mucho más populares y con fines loables, como la LO 1/2004, la de la Violencia de Género, una aberración jurídica sobre la que se podría escribir una tesis doctoral. Pero vamos con la Ley en sí.

¿Cuánto se paga? Inicialmente a Gallardón se le fue la mano con el tema y era tan exagerado que se llegaba a dar el absurdo de que para recurrir una multa de la DGT por valor de 100 euros había que pagar 200 euros para pisar el Juzgado. Gracias a las protestas de asociaciones de jueces, fiscales, procuradores y abogados y a las manifestaciones de estos colectivos a lo largo y ancho del país, el ministro tuvo que dar marcha atrás y ceder un poco en sus aspiraciones iniciales, si bien el resultado sigue siendo un atropello, por hablar claro. Ilustrando:

Proceso civil ordinario por cuantía de 30.000 euros

330 euros

Reclamar la ejecución de la sentencia por cuantía de 30.000 euros

230 euros

Apelar la sentencia en 2ª instancia del proceso de 30.000 euros

830 euros

Llevar ese proceso al Tribunal Supremo

1.230 euros

Recurso de suplicación por cuantía de 20.000 euros

220 euros

Proceso monitorio por cuantía de 6.000 euros

106 euros

Reclamar una multa de tráfico de 200 euros

100 euros

Estas cuantías son para personas físicas. Si hablamos de personas jurídicas la parte variable (que es un porcentaje calculado sobre la cuantía del asunto) sube bastante. Antes de señalar que esto es bueno porque las grandes empresas tienen capacidad económica de sobra, hay que recordar a la PYME asfixiada que ahora tiene que pagar 950 euros por reclamar en 2ª instancia un impago de 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de turno (sin contar con la primera tasa que se paga en 1ª instancia). Huelga decir que Ayuntamientos y CCAA no tiene que pagar nada.

Tampoco se ha de olvidar que ciertas CCAA como Valencia y Cataluña tienen sus propias tasas judiciales, aprobadas hace bien poco, si bien el Tribunal Constitucional ya ha suspendido las de Cataluña por una cuestión de competencias.

¿A partir de qué renta hay que pagar? Pues ingresos de 1.100 euros brutos mensuales para una persona, 1.375 si se trata de una persona integrada en una familia de menos de cuatro miembros, o 1.550 si la familia tiene cuatro o más miembros. Juzguen ustedes si es mucho o poco.

¿Por qué hay que pagar? Seamos puristas y acudamos a la exposición de motivos de la propia Ley, a ver qué se cuenta el legislador:

[…] subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, […] El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia“.

No se confundan: ¡los impuestos y las costas judiciales no son pagos por el servicio de la Administración de Justicia! ¡y que nadie se queje cuando la Ley obligue a llevar abogado y procurador! Más torticeros no pueden ser. Y lo mejor está por venir:

La reciente sentencia del TC no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella. Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita“.

Es decir, que aquellos que pagan las tasas lo hacen para mejorar la financiación del sistema judicial (ojo, que no hablan de mejorar la calidad del servicio) y, sobre todo, para pagarles la justicia a los que no pueden. Si al final todo es redistribuir la riqueza y fomentar la solidaridad, faltaría más. Es increíble, y algo perverso, que sostengan que para que la asistencia jurídica gratuita subsista haya que pagar si ganas más de 1.100 euros al mes.

Pero lo mejor de toda esta argumentación es que esa sentencia del TC que citan como justificación, esa que “ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas“, NO confirma cualquier régimen de tasas sino que solo hace referencia a entidades mercantiles que por su alto volumen de facturación pueden afrontar el pago del coste de la justicia. Es más, el propio TC, siguiendo su línea jurisprudencial (SSTC 79/2012, en la 85/2012, de 18 de abril, en la cuestión de inconstitucionalidad 1584/2005 así como en las 103 y 104/2012, de 9 y de 10 de mayo, respectivamente) que dicho sea de paso, es la misma que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que un sistema de tasas que impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables es inconstitucional por ser incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.  Esto lo dice el TC y el TEDH, no me lo invento yo.

¿Y qué dicen los que la han propuesto y aprobado en contra de todos los grupos de la oposición?

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El Ministerio de Justicia ya apuntó en su día que “la normativa solo iba a afectar al 20% de los litigios” y que “el 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”. Supuestamente estos datos salen del Consejo General del Poder Judicial. Lo de aludir a que se excluyen los procesos penales en plan “no, si os hacemos un favor” se califica por sí solo.

Y es que todo el mundo sabe que en España hay un considerable exceso de pleitos ya que nos encanta discutir y gastar tiempo y dinero en los Juzgados. Para evitar eso y afrontar la Gran Reforma de la Justicia Española lo mejor es freír a la gente a impuestos, limitar el Estado de Derecho y que pleitee quien tenga un verdadero motivo para ello: los que puedan permitírselo.

Es un hecho innegable que la Justicia española necesita de reformas profundas y urgentes. Es lenta y encima, con esta reforma, es mucho más cara. Todo pasa por dedicar más recursos sin que para ello se dificulte el acceso a los Juzgados y Tribunales: no es normal que el Ayuntamiento de Madrid se gaste más dinero en soterrar la M-30 que lo que emplea España en un año para Justicia. Y como este hay muchísimos ejemplos. Los señores del Gobierno podrían haber apostado por un pago de tasas ligado a la temporalidad de los procesos, es decir, que el que pleitea recupere el pago de su tasa si el procedimiento se alarga por encima de un umbral de X meses. Ya que quieren convertir la Justicia en una empresa por lo menos que trabaje bien y sea eficiente, ¿no? ¿o es que hay que pagar como idiotas por el mismo servicio por el que no pagábamos antes?

Quiero pensar que detrás de las buenas palabras y los eufemismos de El Faraón no hay más que puro afán recaudatorio de un señor que ya demostró a los madrileños saber sacar dinero sin problemas de sus bolsillos. Quiero pensar que no se trata de una restricción consciente y alevosa de los derechos de la gente, de una medida disuasoria para hacer que los ciudadanos no protesten cuando la Administración multe, cuando una empresa despida sin pagar lo que debe o cuando alguien sea estafado al comprarse un frigorífico en un hipermercado. Quiero pensar, en suma y a riesgo de parecer un ingenuo, que no se trata de un paso más del poder político y económico para constreñir a la gente a cerrar la boca, agachar la cabeza y asentir, dejándoles sin voz y sin más alternativas que tirar para adelante o montar una barricada y tirar la primera piedra.

When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty” (Thomas Jefferson)

Sindicalismo de salón y rayos UVA

No soy fan de La Razón más allá del valor cómico de sus portadas pero hoy comparto totalmente la opinión acerca de los líderes sindicales (y por extensión, acerca de los sindicatos CCOO y UGT): están acabados. Ya hablé aquí hace ocho meses sobre lo que eran (y son) los dos grandes sindicatos españoles, por lo que no pienso repetirme.  Es penoso que tengamos a estos irresponsables encabezando a los trabajadores de España. Porque eso es lo peor de todo, que los sindicatos representan a todos los trabajadores, independientemente de que estén afiliados o no. Y estos no están a la altura.

Y es que, les guste o no a muchos, los sindicatos son necesarios. Hoy más que nunca. No se puede prescindir de su labor en los comités de empresa, de su papel fundamental en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de millones de personas. Ni siquiera, por más que nos pongamos pesados, se puede obviar la necesidad de que los sindicatos jueguen un rol importante en el diálogo social. Pero no estos sindicatos. No estos señores que permiten, huelga tras huelga, que una serie de salvajes, tiparracos sin conciencia ni vergüenza, se crean en posesión de la verdad absoluta y, como si de miembros de las SA de Hitler se tratasen, se dediquen a reventar escaparates, inutilizar cerraduras, quemar contenedores, agredir física y verbalmente a comerciantes, abollar coches y un largo etcétera. No merecen ni ser llamados piquetes, porque ni siquiera lo son en en el sentido legal del término. Si la Justicia actuase de forma enérgica contra estos personajes no se repetirían actos así. Pero la Justicia, ya saben, ni está ni se la espera.

Como bien señala Marc Vidal en esta magnífica entrada: “aunque se definan como líderes laborales, el contacto [de CCOO-UGT] con la realidad empresarial y emprendedora de este país es nulo”. Hacen falta nuevos sindicatos, nuevas caras, nuevos espíritus. Basta ya de boicot al empleo, de eslóganes decimonónicos, de mecanismos obsoletos. Basta de dar la cara siempre tarde, de trincar dinero público, de callar ante un paro galopante cuando gobernaba la izquierda (y no, no basta con una huelga general planteada ante el clamor de la sociedad cuando Zapatero agonizaba en la Moncloa).  Basta. Y basta ya, señores de la derecha, de criminalizar la actividad sindical como si del demonio se tratase. De celebrar como triunfos un bajo seguimiento de la huelga. De enfocar al antisistema cuando lanza una piedra y no mostrar las manifestaciones pacíficas y numerosísisimas que tuvieron ayer lugar en España. De callar ante agresiones policiales como esta o esta. De empeñarse en no ver el trasfondo de una protesta que suscribe una gran mayoría de españoles y pretender deslegitimar cualquier acción social en la calle.

La crispación, el enfrentamiento y la violencia no paran de crecer en España, azuzados por el desempleo y la pobreza, por políticos irresponsables e indignos, por agentes sociales inoperantes y corruptos. Cuando la clase media caiga, ahogada por bajos salarios y altos impuestos, el país se descoserá completamente y no habrá esperanza. Esto tiene que acabar o los radicalismos y nacionalismos medrarán como moscas en la mierda. Falta solidaridad, espíritu de cambio y conciencia social. Pero social de verdad, no esa que pregonan los señores de arriba, esa conciencia social de salón y rayos UVA. Suena pesimista, casi apocalíptico, pero la realidad no espera a nadie. Hay mucho que cambiar y se ha de empezar ya. Nos va la vida en ello.

Colón, día 14 de noviembre. Foto de Álvaro García

La Arena del circo español

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Hacía ya casi 4 meses que no escribía por aquí y no pensaba hacerlo en unos cuantos más, pero resulta que esta mañana, navegando en la web de El Economista, me he encontrado con unas declaraciones del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en las que asevera, haciendo referencia a los hechos del Madrid Arena del pasado día 1 de noviembre, que “las macrofiestas suponen un problema social con raíz en la estructura familiar vigente”.

Mi primera reacción ha sido de incredulidad: esto no puede ser verdad, está descontextualizado, etc. Pero no, lo dijo bien claro, y el asunto empieza a ser, con perdón, de puta coña. Van pasando los días y ya no es que parezca que no va a haber dimisiones (o, al menos, un reconocimiento público de culpa) sino que el propio Fiscal General, el gran defensor de la legalidad y el interés público en España, se pone a hablar del sexo de los ángeles y a deslizar subrepticiamente que “la culpa es de los padres”.

¿Qué está pasando en España? ¿A qué extremos de estupidez política estamos llegando? ¿Cómo pueden morir cuatro personas inocentes en un recinto donde no cabía un alfiler y que la persona que debe conducir al esclarecimiento de los hechos se ponga a decir esta clase de cosas?

La primera que debería de haber dado una explicación es la señora alcaldesa Ana Botella. Lamentablemente se fue de viaje por Lisboa y a su llegada se limitó a decir buenas palabras de su vicealcalde, proponer el fin de las macrofiestas (?) y señalar que los fallos de seguridad del Madrid Arena se basan en normativa urbanística de 2006 por lo que no se pueden aplicar al edificio ya que fue construido en 2001 (ya me explicarán qué tiene eso que ver para que no se deban organizar eventos de este tipo allí). “Todo estaba absolutamente en regla“, es decir, que la culpa nunca será de ellos, que nunca han promocionado eventos de Diviertt (la empresa organizadora). Ante todo, la verdad, como Dios manda.

Lejos del patético periodismo de sangre y entrañas que se va pregonando por ahí, algunos se preguntan por qué se hizo caso omiso al informe de 2010 procedente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en el que se señalaba la imposibilidad de vender el edificio para su explotación privada en grandes eventos por no cumplir la normativa de seguridad vigente. A cualquier dueño de discoteca se le obliga a tener las licencias en orden, ¿por qué no a la Administración? Otros se preguntan cómo una empresa con deudas con la Seguridad Social pudo establecer un contrato con la Administración pública (está prohibido por la normativa de contratos del sector público).

Y es que el asunto toma tintes esperpénticos cuando leemos las declaraciones de ayer de Paz González (delegada de urbanismo del Ayto de Madrid) en las que nos contaba que “si tuviéramos que hacer adaptaciones tendríamos que estar haciendo obras permanentemente en todos los edificios públicos y privados“, lo que “supondría tener que demoler la mitad de los edificios para adaptarlos a la nueva normativa“. La delegada habla de irretroactividad (?) de esas normas en materia de seguridad de edificios, ya que es un “principio general del Derecho” (???). Y yo me río en su cara, señora González, yo y los miles de comerciantes que hace unos años tuvieron que modificar sus locales para cumplir con la normativa anti-tabaco, por poner un ejemplo.

Todo esto me lleva a pensar en lo asfixiado que debe estar el Ayuntamiento para jugársela alquilando un espacio que no puede albergar una macrofiesta y hacerlo además violando la legalidad. O quizá es todo una cuestión de avaricia (lo único que mueve a un señor a vender más entradas de las permitidas para ganar más dinero, aunque sea a costa de poner en juego la vida de muchas personas), algún favor personal de por medio o similar, que uno ya no sabe qué pensar de esta clase de individuos. Y si así fuera, de qué nos íbamos a extrañar. Pero no, todo parece indicar que es simple y llana incompetencia, ineptitud para el cargo, falta de responsabilidades y de asunción de culpas. Llevamos muchos años gobernados por esta clase de gente y no tiene visos de que la cosa vaya a cambiar: seguiremos despertando día tras día en el circo de la corrupción y las mamandurrias. Faltaría más.

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Actualizo: una semana después dimite Pedro Calvo, concejal responsable de la empresa que gestionaba el Madrid Arena. Ahora faltan las disculpas oficiales del Ayuntamiento y depurar responsabilidades penales.

Actualizo (II): sigue saliendo mierda. Vergonzoso informe del Ayuntamiento presentado por la alcaldesa intentando escurrir culpas.

Actualizo (III): la Botella sigue soltando lastre para no hundirse en su incompetencia. Destituye al consejero delegado y al director gerente de Madrid Espacios y Congresos por “falta de confianza”.

Actualizo (IV): Lo del informe por el que se produjeron las destituciones es de traca. Se blindaba la colaboración entre Diviertt y el Ayuntamiento de Madrid. Y todavía negarán responsabilidades los señores estos. Mientras, la señora alcaldesa se permite un bufete privado en lugar de acudir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Si es que estos liberales…

Actualizo (V): el paripé vergonzoso de la comisión que investiga responsabilidades en el Ayuntamiento: el PP veta que comparezcan Botella, Cifuentes, Dancausa, Victoria y la mayoría de los funcionarios. Aquí es el sálvese quien pueda.
Y gente que entraba por las salidas de emergencia en un recinto abarrotado. Esperemos sanción económica ejemplar y una temporadita en la cárcel para los responsables.

Actualizo (VI): y son ya cinco fallecidas. Poco para lo que pudo pasar en un recinto donde se vendieron más del 158% del aforo permitido y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento (mediante el Director de Seguridad) no avisó al Samur para que montasen un dispositivo adecuado.

Actualizo (y VII): a falta de saber lo que ocurre en el juicio contra los responsables de este asunto creo que la responsabilidad acabará quedándose en Flores y secuaces y el Ayuntamiento se irá de rositas. Ya dudo de que incluso haya penas de prisión. Y es que entre tamaña marea de despropósitos no hay nadie que se salve, pero estamos en España, claro.

Bankia y las vergüenzas

Decía Francisco de Quevedo que “la hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política”, y no le faltaba razón. El pasado 7 de mayo Rodrigo Rato dimitía como presidente de Bankia, apenas 9 meses tras la salida a Bolsa de la entidad. Días después se filtraba lo que muchos sabíamos o pensábamos: que la fusión de todas aquellas Cajas había sido un enorme error porque sumar grandes deudas para hacer una deuda enorme nunca puede ser una solución. Resulta que la entidad está completamente quebrada y que se necesitan miles de millones de euros para sacarla adelante. Primero se habló de 7.000, luego 10.000 y acabaron fijando el tema en 19.000 millones (más 4.500 millones del FROB inyectados en 2010). Casi nada. Por el camino se quedaba muchísima gente que hace unos días protestaban al nuevo Presidente Goirigolzarri reclamando sus ahorros. No los recuperarán. Como tampoco recuperará el Estado su aportación gigantesca, pues lejos de articular la ayuda como un préstamo se optó por realizar una aportación de capital, por lo que ahora todos somos “bankeros” y nos espera “todo un futuro juntos“.

Tras anunciar el rescate a la entidad, algunos grupos parlamentarios pidieron la comparecencia de los responsables de este escándalo bursátil, uno de los mayores de la historia de Europa. Básicamente, que administradores (Rato, Blesa, Olivas, junto con otros consejeros), políticos (Solbes y Salgado) y reguladores (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) atendiesen a algunas preguntas del Parlamento. Se pedía una explicación de lo que hicieron, de cómo gestionaron, de por qué permitieron este desaguisado. La sociedad española se merecía unas palabras, había que depurar responsabilidades políticas. Pero el PP, con la inestimable ayuda de CiU y con cierta tibieza del PSOE, se negó a permitir un debate público.

Bloquearon la comparecencia de MAFO a pesar de que el exgobernador del Banco de España expuso públicamente su deseo de ir al Congreso; bloquearon la posibilidad de formar una comisión de investigación, optando por una Subcomisión a puerta cerradabloquearon posibles explicaciones de Rodrigo Rato, Elena Salgado (exministra de Economía) o Julio Segura (presidente de la CNMV); ni siquiera dejaron que Mariano Rajoy explicase el proceso de nacionalización de la entidad. Las excusas fueron desde los “podría dañar la credibilidad del sistema financiero español” hasta el simple y llano “no conviene”, pasando por el clásico cruce de acusaciones con la oposición y la necesidad de mantener la “confianza de los mercados”. Ante las acusaciones de falta de transparencia y de rigor democrático, la diputada popular María Arenales Serrano llegó a declarar que “decir sí a la transparencia es decir que las dos reformas financieras han ido a exigir a la banca que actualice los activos inmobiliarios, poner dos auditoras independientes”. O sea, que estamos con vosotros en espíritu pero que ya otro día lo hablamos.

UPyD, en un gesto que merece el agradecimiento de todos, se embarcó en un proceso penal contra los dirigentes y consejeros de Bankia, proceso que se inició ante la Audiencia Nacional con la querella que fue admitida el pasado miércoles 4 de julio. El juez Andreu citó como imputados a Rato, Olivas (expresidente de Bancaja), y a más de treinta consejeros de las cajas que formaban Bankia, entre los que figuran nombres tan ilustres como el del exministro Ángel Acebes. Algunos de los cargos: estafa, falsedad contable y administración desleal. Ni siquiera entonces, ante la amenaza de que un barón como Rato pudiese acabar barrido por la marea, (algo que habrá que ver en próximos meses) el PP aceptó un debate público para depurar responsabilidades. Sobre la imputación de Rato, las mejores declaraciones las dejó el ministro de Cultura, señor Wert con aquel “se sobreinterpreta el concepto de imputación”.

Hoy, la Audiencia Nacional admite otra querella contra Bankia presentada por el 15-M. Rato dice que quiere ir al Congreso a explicar su gestión y al cabo de una hora el PP acepta en la Subcomisión del FROB (esa cuyas sesiones se celebran a puerta cerrada) que Rato declare junto a otros 24 individuos, entre los que están MAFO, Julio Segura, Elena Salgado, Pedro Solbes, etc. Curioso, ¿verdad? Todos aquellos que hasta hace unos días no debían acudir a un debate público porque “no era conveniente”, porque “no era el lugar ni la forma”, ahora van a asistir para que sean fiscalizados públicamente (y eso que algunos de ellos están ya inmersos en un proceso judicial). La hipocresía política, esa gran virtud.

Distintas teorías que se le ocurren a un servidor:

1) Rato no quiere ser un nuevo Mario Conde y ha atenazado al PP para que su responsabilidad se diluya, para que quede claro (pase lo que pase en la Audiencia Nacional) que él no es un ladrón ni el culpable de este asunto.

2) El Gobierno ha recibido ayudas en Europa que exigen fuertes recortes para las próximas semanas, recortes que ni su propio electorado entiende ya que no venían en el programa electoral del pasado mes de noviembre. Para ocultar el tijeretazo y ganar crédito ante la sociedad, llaman a los posibles responsables (muchos ligados al PP, aunque hay notables ausencias en esa lista como Miguel Blesa) para que den explicaciones.

3) Una vez conseguidos los 30.000 millones de Europa como anticipo para recapitalizar bancos, es el momento (ahora sí) de hablar de gestión y responsabilidades. Tanto en este escenario como en el anterior, Rato habló antes que el PP como estrategia de transparencia de cara a su proceso judicial. En el primer escenario, Rato habría hablado antes para presionar al Gobierno, dejándole sin margen de maniobra ante la amenaza del ‘enfant terrible’. Esta tesis estaría apoyada por las declaraciones de Rato a principios de junio criticando la decisión de nacionalizar Bankia, algo que sorprendió a muchos.

En cualquiera de los casos, la presencia de todas estas personas en el Congreso es un motivo de alegría (algo tardío, eso sí) para la democracia, para UPyD y para el 15M, y supone otro golpe para el bipartidismo español que verá su gestión aireada ante la prensa y los ciudadanos. Otro hachazo más.

España, Estado Bancario de Derecho

Ha salido hace unos minutos la noticia de que la familia Botín no será enjuiciada por la Audiencia Nacional por delitos de fraude fiscal entre 2005 y 2009, en concreto, la no declaración de IRPF y Patrimonio de esos años. Se descubrió el pastel porque en mayo de 2011 alguien filtró una lista de clientes del banco suizo HSBC. Dentro de esa lista hay otras 657 personas investigadas, con un volumen estimado de entre 6.000 y 8.000 millones de euros en esas cuentas. La causa, que afectaba a Emilio Botín e hijos (además de su hermano), fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción hace poco menos de un año. La denuncia se produjo con el fin de que los delitos correspondientes al ejercicio de 2005 no prescribiesen. En cuanto conocieron de la denuncia, los Botín acudieron raudos a pagar lo que debían, unos 200 millones de euros. Nótese que la regularización “voluntaria” se realiza después de que se produzca la denuncia.

El auto de la Audiencia Nacional dice que la regularización practicada por los denunciados es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación (¿por qué no se inició este procedimiento cuando había tantas lagunas en la documentación?), por lo que se debe eximir de responsabilidad a la familia Botín, en aplicación del articulo 305.4 del Código Penal.

Vayamos al art. 305.4 que cita nuestro ínclito Tribunal:

Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Igual es que no entiendo bien el castellano pero, ¿no se había producido ya una denuncia (o querella, lo desconozco) contra los Botín cuando estos procedieron a regularizar “voluntariamente” su situación fiscal? ¿Cómo puede el señor instructor decir que la regularización es correcta cuando es obvio que es una regularización forzada por la inminente apertura de un juicio del que se podrían haber derivado penas de prisión de hasta cinco años y una multa de 1.200 millones de euros? ¿Dónde está la “voluntariedad? O sea, que si yo defraudo 120.000 euros (el mínimo para ser delito en este momento, pendiente de esa reforma anunciada hace 10 días por el Gobierno para reducirlo a 50.000) me puedo esperar a que me denuncien antes de pagar y no me pasa absolutamente nada porque he pagado por mi voluntad, porque me ha dado por ser solidario y honrado de repente.

Este tipo de decisiones junto con las amnistías fiscales solo sirven para incentivar aun más la cultura del robo sistemático, de la extorsión más descarada. ¿Por qué pagar lo que debo si puedo quedármelo hasta que me investiguen sin que me puedan encausar y acabar en la cárcel? “Si te debo un millón tengo un problema, si te debo 100 millones el problema lo tienes tú”. Los ladrones de guante blanco siempre se van de rositas, sin fiscalizar absolutamente nada, sin que se mueva una hoja. El fraude desangra España año tras año, pero nos comemos la tostada y no pasa ni media. Proteccionismo extremo, partidos comprados por estos señores y un sistema que está corrompido desde los cimientos. Ni democrático, ni social, ni chorradas constitucionales. España, Estado Bancario de Derecho. Y tirando.

P.D. Ayer se sabía que Carlos Dívar (Presidente del CGPJ-TS) no será tampoco enjuiciado por utilizar fondos públicos en viajes privados. Llueve y llueve sobre mojado.

Huelga y miedo

Con el 29 de marzo llega la huelga general a España, con un seguimiento que nadie conocerá debido al baile de cifras contradictorias que rodea a cualquier evento público y al que tan bien acostumbrados estamos. Los sindicatos hablarán de “éxito rotundo”, el Gobierno de “absoluta normalidad”, la izquierda de “debilidad del PP”, la derecha de “fracaso del sindicalismo anacrónico y corrupto”. Lo normal, vaya. Tampoco vamos a sorprendernos por la descacharrante portada de La Razón de hoy, un ejercicio de manipulación, demagogia, populismo y falseamiento de lo más burdo. No le falta de nada, solo rigor periodístico.

El objetivo inicial de este post era hablar del supuesto daño que esta huelga general (y las que vengan) hace a la “credibilidad” de España en el seno de la UE y en los “mercados” financieros. Así lo han entendido varias organizaciones empresariales españolas que tacharon la huelga de “irresponsabilidad mayúscula”. De este tipo de declaraciones se han hecho eco muchos periodistas, y la portada antes citada constituye un buen ejemplo de ello. Desde mi humilde conocimiento de la realidad, me parece que la credibilidad de un país no se mide por su fuerza sindical sino por su fortaleza económica y financiera, por su limpieza fiscal y por sus niveles de desarrollo. Desde mi ignorante punto de vista me pregunto si las urgencias que sufre la banca española a la hora de trincar en la barra libre del Banco Central Europeo (con un líder a nivel europeo como Bankia) no tendrán algo de alarmante para el Eurogrupo. O los niveles de fraude fiscal. O la caída del consumo reflejada en un descenso del 10% en la recaudación del IVA. O un precio de la vivienda que sigue sin descender. Imagino que todos estos indicadores micro y macroeconómicos importan poco en comparación con la “actitud” de los sindicatos españoles.

No seré yo el que defienda a CCOO y UGT, auténticas máquinas de engullir dinero, perros de presa del PSOE, que han olvidado a quien representan y que ya ni siquiera escuchan a sus afiliados (por citar un ejemplo, la penosa gestión de las huelgas de los profesores de secundaria imponiendo un calendario que no afectase a CCOO de cara a las relaciones con el Gobierno de la CAM). Más allá de estos señores, hay multitud de sindicatos que defienden a los trabajadores en sus correspondientes ámbitos funcionales y geográficos. Representantes unitarios y miembros de comités de empresa que luchan porque la crisis no se cebe con el asalariado, gente de bien que trabaja por los demás y no guiados sus propios intereses. Esos sindicatos también están detrás de la huelga general, aunque claro, esto no se vende bien en los medios de comunicación (ya que invalida la deslegitimación de la huelga por estar promovida por UGT y CCOO) y, por tanto, no existe.

Se lleva mucho mejor la crispación, las portadas absurdas, la manipulación subrepticia y cainita. Hace un rato veía a través de Facebook una imagen realmente dura que refleja una bandera española en la que se podía leer lo siguiente “De la crisis no se sale perroflauteando, yo el 29 voy a trabajar”. El derecho de huelga incluye el derecho a no hacer huelga, sin duda, y toda actuación de coacción al trabajador debe ser reprimida y castigada. Lo que parecen olvidar los benditos que se inventan estas cosas es que la huelga es un derecho individual, no un capricho. Que secundar una huelga implica no cobrar sueldo. Derecha o izquierda,  la pela es la pela, así que algún motivo deben de tener los “perroflautas huelguistas” para perder un día de salario, ¿no? Del miedo irracional que tiene cierto sector social a la calle, ya sean huelgas o manifestaciones (salvo que sea para pedir el fin de ETA o defender la familia católica tradicional), se podría escribir largo y tendido. Imagino que algo de culpa tiene la izquierda, claro. Y es que para que en este país la sociedad esté de acuerdo en algo solo vale ganar un Mundial de fútbol y eso, más allá de cualquier sesgo político, es un fracaso realmente triste.