TEDH y doctrina Parot: algunas respuestas

El pasado lunes día 21 se hacía pública la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que dicho Tribunal se pronunciaba negativamente acerca de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, doctrina que instituyó (por decirlo de alguna forma) el Tribunal Constitucional español en febrero del año 2006. No voy a extenderme en hacer comentarios sobre la STC de aquel año, hay documentación de sobra por la red para el que tenga interés. Baste decir que el TC, al igual que los Gobiernos de España desde el año 1977 hasta 1995 (Gobiernos de UCD y, fundamentalmente, PSOE), hizo una auténtica chapuza convalidando al Tribunal Supremo, chapuza que ha traído estos lodos y las vestiduras rasgadas que vemos por toda la geografía nacional.

(Sentencia traducida por la Abogacía del Estado)

¿Por qué sale a la calle Inés del Río?

Imaginen que un día, por un despiste, atropellan a una madre con su bebé. Los dos resultan muertos. Ustedes son condenados a 6 años de prisión por un doble homicidio imprudente. Tras dos años en la cárcel, ustedes solicitan el tercer grado para poder ir a su casa a ver a su familia. El juez les comunica que una reciente reforma penal no les reconoce tal beneficio y que deben cumplir los 6 años íntegramente. Ustedes protestan, porque cuando les condenaron sí que tenían ese beneficio. Les han aplicado una ley nueva a un caso ocurrido hace dos años. Esto es lo que se conoce como aplicación retroactiva la cual, para disposiciones desfavorables o restrictivas de derechos fundamentales (como la libertad), está prohibida por los arts. 9.3 y 25.1 de la Constitución española, el art. 2 del Código Penal y el art. 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Inés del Río, como otros tantos etarras de los años 80, fue juzgada con arreglo al Código Penal de 1973. Este Código reconocía la redención de penas mediante trabajo, lo que hacía posible que periodos de prisión de 30 años (el máximo de aquel entonces) quedasen reducidos a poco más de 20. El Código Penal de 1995 (el vigente) cambió esta situación eliminando la posibilidad de dicha redención. En 2003 se aprobaba además la Ley Orgánica para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Con esta modificación del CP de 1995 se introducía lo que más tarde se dio en llamar “doctrina Parot”: en determinados casos, los beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de pena impuesta y no sobre la pena efectiva, lo que en la práctica provoca que aquellos criminales con delitos especialmente graves deberán cumplir el total de sus penas efectivas. Recientes condenas de este tipo han seguido esta normativa, por ejemplo, la de Jamal Zougam, autor intelectual de los crímenes del 11-M en Madrid.

Lamentablemente, estas reformas llegaron muy tarde. Todos los condenados en los años 80 lo fueron siguiendo las directrices del CP de 1973. Y ahí, como ya hemos visto, las reglas del juego eran otras.

Inés del Río fue condenada en el año 1987 a 30 años de prisión. Con la redención de penas (9 años), debería haber salido a la calle hace cinco años. Puede doler, puede molestar, puede ser considerado una injusticia, pero la ley no permitía que siguiera en prisión.

Pero no es un cambio normativo, es un cambio jurisprudencial, ¿no deberían permitirse esos cambios cuando las circunstancias se modifican?

En primer lugar, es bastante sospechoso que en más de 20 años de aplicación del antiguo Código penal nunca se negase la redención por trabajo sobre la pena efectiva. Nunca es NUNCA. En ningún caso.

En segundo lugar, es también bastante sospechoso que la doctrina cambiase justo cuando se produjo una reforma penal en 2003 que precisamente permitió ese cambio jurisprudencial. Si el cambio es puramente circunstancial, ¿por qué era necesario un cambio en las normas sustantivas?

En tercer lugar, el margen de modificación de los criterios jurisprudenciales en materia penal es limitado. No se puede modificar una jurisprudencia estable en el tiempo, hacerlo para aplicar normas penales de forma retroactiva (saltándose a la torera varias normas y desviándose completamente de lo que hacen los países de nuestro entorno político y socioeconómico) y encima provocar con ello una restricción del derecho a la libertad.

¿Qué es esto del TEDH y por qué decide sobre nuestros asuntos internos?

El TEDH es la máxima autoridad entre los países miembros del Consejo de Europa (no confundir con UE) para decidir sobre materias que atañen a los derechos humanos recogidos en el CEDH. Sus sentencias son vinculantes: se han de acatar y ejecutar. La ejecución de las sentencias del TEDH es vigilada por el Comité de Ministros y el no cumplimiento da lugar a sanciones económicas (en forma de incremento de las indemnizaciones pertinentes).

Decide sobre nuestros asuntos internos porque así lo hemos reconocido al firmar el Convenio y sus Protocolos adicionales. Además y para más inri, España reconoce la autoridad de tribunales internacionales en el art. 10.2 de la Constitución.

Teniendo en cuenta todo esto hay que tenerlas muy grandes para decir que la Sentencia no tiene por qué cumplirse. Pero muy grandes.

¿Es cierto lo que han dicho miembros del Gobierno sobre que la Sentencia sólo afecta al caso Inés del Río?

La alarma social está al máximo, así que este tipo de declaraciones van a seguir escuchándose y leyéndose hasta que pase el maremoto. Cuando todo pase solo quedará la verdad: que esta Sentencia se va a aplicar a todos los casos en los que un preso debió salir a la calle por redención de penas y ha sido mantenido en prisión mediante aplicación retroactiva del CP de 1995 reformado en 2003. Ni más ni menos.

Creo que ya hemos hecho suficientemente el ridículo actuando como un país del s. XVIII, demostrando una incapacidad flagrante para gestionar nuestros asuntos y prever lo que iba a pasar si no se reformaban las leyes en su momento. Ya es suficiente. Espero que no hagamos el paripé de exigir que el TEDH se tenga que reafirmar en sus argumentos cada vez que uno de los presos exija su excarcelación, lo espero sinceramente.

Pero esto es una injusticia, no se debería tolerar…

La justicia es un término más moral que propiamente normativo. Si no seguimos las leyes, que son iguales para todos, la frontera que nos separa del caos se disipa con una facilidad pasmosa. El odio y el resentimiento sólo pueden tener cabida en la sociedad, en las víctimas que tienen todo el derecho del mundo a quejarse y a cagarse en la madre del político de turno. A lo que no tienen derecho es a exigir que una persona continúe en prisión porque sí.

Las portadas de los diarios españoles de ayer y las opiniones vertidas por muchos periodistas y tertulianos son aberrantes y no tienen cabida en un Estado de Derecho. Justificar lo injustificable basándonos en conceptos extrajudiciales es más propio de lo que fuimos que de lo que somos. Y es que son ya más de 30 años de democracia, algo se nos debería haber quedado en la cabecita, ¿no?

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