La nueva Justicia de Gallardón

Leyendo ayer que algunos siguen reclamando su particular justicia me acordé de que tenía pendiente escribir sobre uno de los más grandes atropellos que ha sufrido España en materia legislativa en los últimos meses. Esta vez la mandanga viene de la mano de Alberto “El Faraón” Gallardón, ese progresista conservador o ese conservador progresista, según sople el viento que más convenga. El asunto versa sobre las tasas judiciales que se implantaron mediante la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  El asunto trajo bastante poca cola, quizá tapado por temas también graves como el paro, los suicidios por desahucio, la prima de riesgo o el Madrid-Barça de turno, por poner algunos ejemplos.

Antes de nada, vamos con el art. 24 de la Constitución Española (esa que tanto prostituyen algunos cuando les conviene): “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión“. Cristalino, ¿no?

Pues la Ley, que es una chapuza alucinante, introduce un nuevo sistema de tasas (nada de actualización o “simple subida”, como se pudo leer en ABC o La Razón, allá por noviembre de 2012) que grosso modo grava a cualquier persona física o jurídica a la hora de intentar ejercer sus derechos, salvo que estemos en materia penal. Digo que es una chapuza por diversos motivos, empezando porque quizá debería haberse tramitado como Ley Orgánica toda vez que afecta a un derecho fundamental (art. 81 CE). Pero la cosa no se queda ahí: desde la propia definición de hecho imponible como “el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de […] actos procesales” (¿no es la potestad jurisdiccional algo exclusivo de Jueces y Magistrados, art. 117 CE? ¿cómo puede estarse gravando tal potestad cuando es posterior al devengo de la tasa, que se produce cuando se interpone una demanda o un recurso?) hasta la entrada en vigor, que hubo de ser retrasada porque no había una Orden Ministerial de Justicia que regulase el procedimiento de pago (por no haber, no había ni impresos de liquidación), todo chapucero a más no poder. En cualquier caso son “solo” deficiencias técnicas que también existen en legislaciones mucho más populares y con fines loables, como la LO 1/2004, la de la Violencia de Género, una aberración jurídica sobre la que se podría escribir una tesis doctoral. Pero vamos con la Ley en sí.

¿Cuánto se paga? Inicialmente a Gallardón se le fue la mano con el tema y era tan exagerado que se llegaba a dar el absurdo de que para recurrir una multa de la DGT por valor de 100 euros había que pagar 200 euros para pisar el Juzgado. Gracias a las protestas de asociaciones de jueces, fiscales, procuradores y abogados y a las manifestaciones de estos colectivos a lo largo y ancho del país, el ministro tuvo que dar marcha atrás y ceder un poco en sus aspiraciones iniciales, si bien el resultado sigue siendo un atropello, por hablar claro. Ilustrando:

Proceso civil ordinario por cuantía de 30.000 euros

330 euros

Reclamar la ejecución de la sentencia por cuantía de 30.000 euros

230 euros

Apelar la sentencia en 2ª instancia del proceso de 30.000 euros

830 euros

Llevar ese proceso al Tribunal Supremo

1.230 euros

Recurso de suplicación por cuantía de 20.000 euros

220 euros

Proceso monitorio por cuantía de 6.000 euros

106 euros

Reclamar una multa de tráfico de 200 euros

100 euros

Estas cuantías son para personas físicas. Si hablamos de personas jurídicas la parte variable (que es un porcentaje calculado sobre la cuantía del asunto) sube bastante. Antes de señalar que esto es bueno porque las grandes empresas tienen capacidad económica de sobra, hay que recordar a la PYME asfixiada que ahora tiene que pagar 950 euros por reclamar en 2ª instancia un impago de 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de turno (sin contar con la primera tasa que se paga en 1ª instancia). Huelga decir que Ayuntamientos y CCAA no tiene que pagar nada.

Tampoco se ha de olvidar que ciertas CCAA como Valencia y Cataluña tienen sus propias tasas judiciales, aprobadas hace bien poco, si bien el Tribunal Constitucional ya ha suspendido las de Cataluña por una cuestión de competencias.

¿A partir de qué renta hay que pagar? Pues ingresos de 1.100 euros brutos mensuales para una persona, 1.375 si se trata de una persona integrada en una familia de menos de cuatro miembros, o 1.550 si la familia tiene cuatro o más miembros. Juzguen ustedes si es mucho o poco.

¿Por qué hay que pagar? Seamos puristas y acudamos a la exposición de motivos de la propia Ley, a ver qué se cuenta el legislador:

[…] subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, […] El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia“.

No se confundan: ¡los impuestos y las costas judiciales no son pagos por el servicio de la Administración de Justicia! ¡y que nadie se queje cuando la Ley obligue a llevar abogado y procurador! Más torticeros no pueden ser. Y lo mejor está por venir:

La reciente sentencia del TC no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella. Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita“.

Es decir, que aquellos que pagan las tasas lo hacen para mejorar la financiación del sistema judicial (ojo, que no hablan de mejorar la calidad del servicio) y, sobre todo, para pagarles la justicia a los que no pueden. Si al final todo es redistribuir la riqueza y fomentar la solidaridad, faltaría más. Es increíble, y algo perverso, que sostengan que para que la asistencia jurídica gratuita subsista haya que pagar si ganas más de 1.100 euros al mes.

Pero lo mejor de toda esta argumentación es que esa sentencia del TC que citan como justificación, esa que “ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas“, NO confirma cualquier régimen de tasas sino que solo hace referencia a entidades mercantiles que por su alto volumen de facturación pueden afrontar el pago del coste de la justicia. Es más, el propio TC, siguiendo su línea jurisprudencial (SSTC 79/2012, en la 85/2012, de 18 de abril, en la cuestión de inconstitucionalidad 1584/2005 así como en las 103 y 104/2012, de 9 y de 10 de mayo, respectivamente) que dicho sea de paso, es la misma que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que un sistema de tasas que impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables es inconstitucional por ser incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.  Esto lo dice el TC y el TEDH, no me lo invento yo.

¿Y qué dicen los que la han propuesto y aprobado en contra de todos los grupos de la oposición?

Link

El Ministerio de Justicia ya apuntó en su día que “la normativa solo iba a afectar al 20% de los litigios” y que “el 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”. Supuestamente estos datos salen del Consejo General del Poder Judicial. Lo de aludir a que se excluyen los procesos penales en plan “no, si os hacemos un favor” se califica por sí solo.

Y es que todo el mundo sabe que en España hay un considerable exceso de pleitos ya que nos encanta discutir y gastar tiempo y dinero en los Juzgados. Para evitar eso y afrontar la Gran Reforma de la Justicia Española lo mejor es freír a la gente a impuestos, limitar el Estado de Derecho y que pleitee quien tenga un verdadero motivo para ello: los que puedan permitírselo.

Es un hecho innegable que la Justicia española necesita de reformas profundas y urgentes. Es lenta y encima, con esta reforma, es mucho más cara. Todo pasa por dedicar más recursos sin que para ello se dificulte el acceso a los Juzgados y Tribunales: no es normal que el Ayuntamiento de Madrid se gaste más dinero en soterrar la M-30 que lo que emplea España en un año para Justicia. Y como este hay muchísimos ejemplos. Los señores del Gobierno podrían haber apostado por un pago de tasas ligado a la temporalidad de los procesos, es decir, que el que pleitea recupere el pago de su tasa si el procedimiento se alarga por encima de un umbral de X meses. Ya que quieren convertir la Justicia en una empresa por lo menos que trabaje bien y sea eficiente, ¿no? ¿o es que hay que pagar como idiotas por el mismo servicio por el que no pagábamos antes?

Quiero pensar que detrás de las buenas palabras y los eufemismos de El Faraón no hay más que puro afán recaudatorio de un señor que ya demostró a los madrileños saber sacar dinero sin problemas de sus bolsillos. Quiero pensar que no se trata de una restricción consciente y alevosa de los derechos de la gente, de una medida disuasoria para hacer que los ciudadanos no protesten cuando la Administración multe, cuando una empresa despida sin pagar lo que debe o cuando alguien sea estafado al comprarse un frigorífico en un hipermercado. Quiero pensar, en suma y a riesgo de parecer un ingenuo, que no se trata de un paso más del poder político y económico para constreñir a la gente a cerrar la boca, agachar la cabeza y asentir, dejándoles sin voz y sin más alternativas que tirar para adelante o montar una barricada y tirar la primera piedra.

When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty” (Thomas Jefferson)

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Un comentario el “La nueva Justicia de Gallardón

  1. mjtavora. dice:

    Y peor aún, ahora nos va a faltar doctrina del TS.

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